La perfilación racial se hace presente en el accionar de policía y militares en el contexto de conflicto armado interno en Ecuador. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo atentan estos actos contra los derechos humanos? ¿Es labor de los medios de comunicación comunitarios abordar estos temas desde una clara perspectiva de derechos humanos?
La perfilación racial es el acto de sospechar actividad delictiva basada únicamente en el color de la piel de la persona o su condición de minoría o su origen étnico (Warren, & Farrell, 2009).
Cómo hemos vivenciado a lo largo de estas semanas, el cuerpo militar y policial, en el contexto del Estado de excepción y del Conflicto armado interno dictaminados el 8 y el 9 de enero del 2024, respectivamente, han hecho uso de la violencia, dirigida ésta en muchos de los casos a jóvenes afrodescendientes, jóvenes indígenas y jóvenes de barrios urbano marginales.
Ya no solo la condición racial es parte del estigma, sino la condición etárea. Es muy grave que esto esté sucediendo en el país, pues los atropellos que ya de por sí vulneran los derechos humanos, pasan además por la estigmatización racial y etárea.
Los gobiernos en las últimas décadas habían reconocido la importancia de los jóvenes en el proceso de desarrollo. De hecho, varias son las políticas públicas que se generaron para esta población, mismas que buscaban generar condiciones para que los jóvenes se integren al mundo laboral y gocen plenamente de sus derechos. En 1985 la ONU lo declara como Año internacional de la Juventud: Participación, desarrollo y Paz. Así mismo el decenio 2015 y 2024 fue declarado por la ONU como Decenio internacional para los afrodescendientes, en el que por supuesto están incluidos los jóvenes. La importancia de la juventud en todos los planes de desarrollo en América Latina estaba en boca de todos los políticos. Pero he aquí acciones que develan la incoherencia de los estados y el mandato de reprimir, torturar, inculpar a los jóvenes en actos delictivos presente en el Modelo Bukele de El Salvador y al parecer también en el de Daniel Noboa.
Es en estos modelos que la frase “la profunda importancia de la juventud participe directamente en forjar el futuro de la humanidad, y la valiosa contribución que la juventud puede hacer en todos los sectores de la sociedad” (ONU, 1985), queda colgada en el aire y es arremetida con un arma de fuego.
Parecería ser que todos los instrumentos de derechos humanos y las cartas constitucionales donde se recogen minuciosamente los derechos humanos, fueran simples enunciados de un mundo inexistente. Vemos con asombro lo que sucede en las calles, los atropellos y allanamientos, violencia hacia los jóvenes y violencia racializada hacia los jóvenes afro, hacia los jóvenes indígenas y nos parece algo normal. ¿En qué momento dejamos que eso se normalice? ¿Acaso no somos madres, tías, abuelas, vecinas, hermanas de algún joven? ¿Acaso el pelo largo, el tatuaje, el arete hace que nuestros jóvenes estén asociados a las bandas delincuenciales? ¿Acaso el color es un criterio para torturar, apresar, requisar a una persona? ¿De dónde sale tal aberración?.
La utilización de perfiles raciales por agentes del orden es algo persistente en América Latina, en cuyos países las acciones de control, vigilancia, investigación están dirigidas a una población específica que es la población urbano marginal y afrodescendiente. Vivir en un barrio urbano marginal, tener menos de 21 años, ser afrodescendiente, tener tatuajes es ”materia sospechosa” por el solo hecho de la condición social y por la doble condición de ser joven y ser afro o indígena. Así en estos tiempos se registran sospechas, persecuciones, procesamientos y condenas de población joven, de población afrodescendiente.
Una moradora que prefiere mantener la confidencialidad menciona “En una comunidad de Otavalo llegaron bastantísimos militares a requisar y veían a los jóvenes por ahí y solo a ellos les requisaban y hasta les veían si tienen o no tatuajes”
Además, no es casual que los medios masivos de comunicación y las redes sociales publiquen a diario actos de violencia policial en los que sobresale el agresor: la fuerza pública, el agredido: un joven afrodescendiente o un joven con tatuajes.
Las interacciones negativas e injustificadas por parte de militares o policías, la tasa de arrestos desproporcionados y sobrerrepresentados por jóvenes y por jóvenes afrodescendientes no debe suceder. Es necesaria la vigilancia, la veeduría social sobre nuestros jóvenes y los derechos humanos.
Ya lo advierte Ana Piquer “La responsabilidad estatal a esta oleada de violencia criminal no debe abrir la puerta a más abusos, las autoridades tienen la obligación de implementar medidas de seguridad para salvaguardar a la población con pleno respeto a los derechos humanos”.
Como medios comunitarios sentimos la responsabilidad de alzar la voz, y manifestar nuestro criterio ante lo que sucede en el país, porque es imprescindible otra mirada, otra perspectiva que sostenga la vida y no atente contra ella.
