Organizaciones sociales, colectivos ambientales y defensores de derechos humanos se concentraron este 18 de febrero de 2026 en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, para respaldar a YASunidos frente a una denuncia impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuestas irregularidades en los informes económicos de campaña de la Consulta Popular por el Yasuní.
El CNE solicita la sanción máxima: multa de 70 Salarios Básicos Unificados y la suspensión de derechos políticos por cuatro años para varios integrantes del colectivo. Desde YASunidos aseguran que los informes fueron entregados a tiempo y que las observaciones fueron subsanadas, por lo que califican el proceso como un acto de persecución política.
“El gobierno se ha dedicado a perseguir a las organizaciones sociales. Es una ofensiva total”, señaló la activista Alejandra Santillana durante la jornada de apoyo.
El colectivo sostiene que esta acción busca castigar a quienes impulsaron la histórica Consulta Popular del 20 de agosto de 2023 sobre la explotación petrolera en el bloque 43-ITT del Yasuní.
VÍA: INREDH
