El 24 de julio de 2026 se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá. Uno de sus puntos más controversiales abre la puerta a la expansión de empresas mineras canadienses. Según Wambra Medio, este tratado “protege la minería y permite el arbitraje internacional”, un mecanismo que fue rechazado por los ecuatorianos en la Consulta Popular de 2024.
Esto ocurre casi un año y medio después de que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza declarara como responsables a la minería canadiense y al Estado ecuatoriano por graves violaciones a los Derechos de la Naturaleza, así como a derechos humanos individuales y colectivos. Para ello, el Tribunal tomó como ejemplos casos como Las Naves, Kimsacocha Loma Larga, Las Pampas, entre otros.
Dentro de la sentencia también se hizo un llamado a respetar los resultados de Consultas Populares como las que se realizaron en Cuenca y Girón, provincia del Azuay, en las que se rechazó actividades mineras. Además, solicitó la salida inmediata de las empresas de los territorios perjudicados y la realización de auditorías integrales que involucren también a ambos gobiernos y no solo a las empresas.
El TLC no ha sido publicado hasta la fecha, a pesar del llamado del Tribunal a garantizar que su contenido debía ser público.
Esto también se da en un contexto marcado por un avance significativo de la minería ilegal en Ecuador. Solo entre 2021 y 2025, la Fiscalía General del Estado recibió 1.654 denuncias por delitos relacionados con esta actividad, de las cuales la mayoría permanecen en investigación y otras fueron archivadas. Este escenario agrava la situación puesto que, según la sentencia del Tribunal, tanto la minería ilegal como “la mal llamada minería legal, cómplice de la ilegal”, deben condenarse por igual, ya que “con sus actividades pone en riesgo los territorios de vida, permitiendo, con complicidad con los gobiernos la creciente presencia del crimen organizado”.
A esto se suma la aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, el 26 de febrero de 2026. Una normativa que según Amazon Frontlines reemplaza la Licencia Ambiental para acciones mineras, lo que permite “vulnerar de forma sistemática los derechos de la Naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas, al eliminar salvaguardas ambientales, sociales y culturales con el fin de acelerar la inversión y avanzar la agenda económica del Ecuador, incluidos compromisos vinculados a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.
El mismo día que se anunció la firma del TLC, varias organizaciones canadienses lo condenaron, calificándolo de alto riesgo para ambos países, según MiningWatch Canada. Entre sus principales preocupaciones señalan la creciente violación de derechos humanos en Ecuador; la falta de consulta, consentimiento y transparencia del acuerdo; el apoyo al arbitraje internacional, previamente rechazado por la ciudadanía ecuatoriana, siendo un peligro para la protección ambiental y de los derechos humanos; y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, impidiendo a los afectados a acceder a la justicia y a una reparación de daños.
Asimismo, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), en conjunto con otras organizaciones defensoras del agua, rechazaron el TLC mediante un comunicado. En el documento sostienen que este acuerdo “prioriza la protección de las inversiones extractivistas por encima de los derechos de las comunidades, el agua y la naturaleza”. Además, aseguran que no existió una consulta o socialización con las comunidades, pese a haber solicitado información sobre el contenido del acuerdo. Por ello, presentaron un pedido de acceso a la información pública que actualmente se encuentra en trámite.
Las organizaciones también advierten que las empresas canadienses representan el 70% de las compañías mineras que operan en el país, por lo que consideran que este TLC solo consolida su presencia en el territorio nacional y aumenta la presión sobre páramos, fuentes de agua y territorios indígenas y campesinos. En ese sentido, solicitan “detener su implementación al advertir que podría profundizar los conflictos socioambientales y las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la expansión minera”. Además, anunciaron que “presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas que frenen la aplicación del tratado”.
Mientras tanto, el acuerdo entraría en vigencia a finales de 2026, una vez sea ratificado por la Corte Constitucional, para luego poder ser aprobado por la Asamblea Nacional de Ecuador y por el Parlamento de Canadá, según Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción.
