Un año después de las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025, la vida en las calles de Imbabura recuperó su aparente normalidad, pero para algunas familias el tiempo no ha cerrado las heridas. En la comunidad de Inguintzala, Cotacachi, la familia de Efraín Fuerez aún espera respuestas sobre las circunstancias que terminaron con su vida durante las jornadas de protesta. Su hija, Wendy, recuerda a su padre, reconstruye su legado y, junto a su familia, mantiene vivo un pedido que un año después sigue sin respuesta: justicia.
Wendy Fuerez recuerda con amor su legado. Habla de la primera vez que vivió su cumpleaños sin la compañía de su héroe. Nunca fue necesario un pastel en su mesa para festejar ese día tan especial; el abrazo de papá al despertar era suficiente para iniciar una nueva etapa. Este 30 de mayo cumplió 26 años, con un sabor amargo, con el corazón triste.
Wendy habla de las nuevas responsabilidades «asignadas por el destino» a partir de la partida de su padre. Guiar con el ejemplo a su hermano menor es una de ellas. «Ahora que ya no está, solo queremos darle los mismos valores que puso en mí mi padre», habla con voz serena.
Aquel 29 de septiembre de 2025, primer día de velación del cuerpo de su padre, Wendy hablaba de las atenciones prehospitalarias que pudieron haberle aplicado a Efraín. Debían tapar su herida para evitar que corriera su sangre, decía entre lágrimas de ahogo. Según la autopsia, una bala ingresó por su espalda y salió por su pecho, apagando la vida de su padre en el sexto día de paralizaciones.
Ella era estudiante de Emergencias Médicas. En marzo de este año se graduó de su carrera y la foto de su padre, en tamaño carnet, acompañó la ceremonia. Hoy sigue su segunda carrera, Criminología y Forense. «Estudio para ser la voz de las personas que ya no están», lo dice segura.
Junto con su madre, Lucila Guitarra, dirige su familia y su emprendimiento textil. Lucila fue trabajadora durante 17 años en empresas Pinto, marca de ropa reconocida a nivel nacional cuyos propietarios son la familia de la actual vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto.
Cuando velaban el cuerpo de su esposo en su domicilio, ubicado en la comunidad de Inguintzala, Lucila tenía un pedido directo y frontal a su exjefa, hoy vicepresidenta de la República: «Yo quiero que usted se ponga la mano en el corazón y nos ayude a solucionar esta situación a los campesinos y emprendedores. Nosotros no salimos a matar, salimos a protestar por lo que es nuestro».
Lucila explicó que aquella mañana del 28 de septiembre, mientras trabajaba en la agricultura, se enteró de que su esposo había sido herido de bala alrededor de las 6 de la mañana, Pinsaquí, límite entre los cantones de Otavalo y Cotacachi. Tenía la esperanza de saber que estaba estable. No alcanzó a despedirse.
Efraín, de 47 años comunero de Cotacachi, había salido a protestar por los 12 de Otavalo, grupo conformado por 11 comuneros y un ciudadano venezolano, conocidos por ser detenidos el primer día de protestas en Otavalo tras relacionarlos con la quema del cuartel policial.
«Se sentía muy indignado y se ponía en el lugar como padre. A ningún padre le hubiese gustado que nos llamen terroristas, porque solo intentábamos que nuestra voz se escuche. Era muy doloroso para mi papá», cuenta Wendy con molestia al hablar de la manera peyorativa en que señalaban a la etnia indígena, a la que pertenece como parte del pueblo Kichwa Cotacachi.
Un año después, no existe ninguna prueba que pueda vincular a los 12 con el incendio. Sin embargo, tras declararse el sobreseimiento del caso, la Corte Provincial de Justicia anuló el dictamen, por lo que serán llamados a juicio nuevamente. Por el caso, más personas fueron vinculadas; hoy son 18 procesados.
Este domingo 27 de septiembre, en el cementerio de Quiroga, parroquia de Cotacachi, lugar donde descansa el cuerpo de Efraín, su familia realizó un pequeño homenaje: compartir alimentos en su nombre, como dictan las tradiciones kichwas.
Distinto a los rituales de honras del pueblo mestizo, la muerte en los pueblos andinos no se vive desde la tristeza absoluta, porque no se la ve como algo definitivo, sino como la transición del Kay Pacha o mundo terrenal al Uku Pacha, el mundo donde germinan otros ciclos de vida.
Los rezos, cánticos y alimentos acompañaban la mañana, junto con el rostro de resignación de la familia. A un costado, Lucila agradecía la presencia de las personas, pero al mirarla a los ojos aún brotaban lágrimas, mientras esperaba que la justicia llegue para don Efraín, ella y su familia.
365 días pasaron y no existe un solo paso en las investigaciones que dé esperanza al pedido de justicia. Pese a que cámaras de seguridad captaron a hombres vestidos de militares perpetrando golpes en los últimos momentos con vida de Efraín, no existe ningún procesado. Denuncias de organizaciones en defensa de los derechos humanos señalan responsabilidad directa de miembros de las Fuerzas Armadas; sin embargo, no existe ningún pronunciamiento que permita confirmar o deslegitimar este señalamiento por parte del Estado. Únicamente se trató de poner en duda la veracidad de las imágenes y deslindar cualquier responsabilidad por los hechos que apagaron la vida de la primera víctima del paro.
Según el medio GK, el general Manuel Dávila, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, compareció el 21 de octubre de 2025 ante la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional y reconoció que se trató de un acto que «excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza». «Fue violentar, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza».
La Asamblea se limitó a rechazar «el ataque realizado contra un convoy humanitario, que transportaba alimentos, medicinas y combustibles para ayudar a las comunidades y habitantes de la Sierra Norte de Ecuador». El «Convoy Humanitario» referido llegó a Otavalo en la madrugada del 14 de octubre de 2025. Aquel día se recuerda como la jornada más violenta de las manifestaciones, en donde José Guamán perdió la vida por otro impacto de bala.
El medio de comunicación Radio Pichincha consultó con la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, de la Asamblea Nacional, sobre el avance de la fiscalización. No obstante, su contestación fue escueta, pues se limitó a señalar que el proceso «avanza» y que se realizarán más comparecencias.
Del otro lado, hasta junio de 2026, la Fiscalía informó a la Asamblea Nacional que había iniciado 149 investigaciones penales relacionadas con las movilizaciones y hechos de violencia registrados durante ese período. Imbabura concentraba 65, seguida de Pichincha, con 33, y Carchi, con 11. Ninguno de los procesados forma parte de las Fuerzas Armadas.
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan la obligación de adoptar medidas diferenciadas y de no discriminación cuando las actuaciones estatales afectan a pueblos indígenas. La Constitución del Ecuador, a través del artículo 98, reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
La eliminación del subsidio al diésel, tras la firma del Decreto 126 por parte del presidente Daniel Noboa, incrementó el valor del combustible, que pasó de $1,80 a $2,80 desde el 13 de septiembre. Esto desencadenó un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La movilización se extendió durante 31 días, hasta el 22 de octubre. Imbabura fue uno de los principales escenarios de las protestas, con comunidades movilizadas y carreteras bloqueadas durante semanas. Las demandas también se ampliaron hacia cuestionamientos a la política económica, la minería, salud, educación, empleo, seguridad y las condiciones de vida en los territorios rurales.
«Aún no asimilo, pienso que mi papá sigue aquí», dice Wendy con su voz entrecortada. Sabe que el camino por recorrer con su familia es largo, pero el ejemplo de su padre sigue guiando su camino. Como lo fue él, ahora ella es lideresa, pues es parte del cabildo de la comunidad en la que viven. Su aspiración es poder crear una fundación en su nombre y que lo ocurrido no se olvide.
Pese al dolor, ella se siente agradecida con las muestras de solidaridad hacia su familia. Crearon murales con el rostro de su padre, realizaron marchas y plantones a nivel nacional e incluso en otros países donde se encuentran comunidades mindalaes. Incluso, la calle donde vive su familia cambió para llamarse Efraín Fueres.
Un año después de las manifestaciones, las paredes volvieron a construirse y los muros volvieron a ser pintados. El hollín de las llantas quemadas ya no sigue envolviendo la calzada, las señales viales volvieron a ser instaladas y las ciudades recuperaron su relativa tranquilidad.
En las comunidades aún hay alerta y se recuerda con dolor lo vivido. El sonido de los helicópteros, que antes eran vistos como una novedad cuando visitaban ciudades pequeñas, hoy aún eriza la piel de algunos.
Un año después, los ciudadanos sienten que no han sido escuchados y el incremento del precio del combustible sigue encareciendo la vida de las personas. Hoy, el valor del diésel bordea los $3,15. Familias enteras tienen que migrar internamente por la crisis de inseguridad que golpea a los suyos, mientras pacientes pierden la batalla contra sus enfermedades por falta de medicamentos e insumos en los hospitales.
Organizaciones como la Unorcac y la Fici, que estuvieron liderando el «proceso de resistencia», aún siguen levantando la voz de protesta frente a las medidas impulsadas por el Gobierno, entre ellas, la autorización del incremento del 25 % de los pasajes en el servicio de transporte.
Como la familia de Efraín Fueres, las familias de Rosa Paqui, José Guamán y Edison Farinango, comuneros que perdieron la vida durante las jornadas de paralización, aún esperan respuestas. A ellos se suman las 473 personas heridas, según el informe oficial validado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Entre ellas, dos sufrieron la amputación de sus piernas, dos perdieron la visión y al menos dos aún llevan perdigones incrustados en sus cuerpos. Un año después, las heridas de aquel paro permanecen abiertas para quienes esperan verdad y justicia.
