Comuneros de la comuna La Cruz y de las comunidades de Pucahuayco y San Vicente han expresado su preocupación por la cantera que opera en su territorio bajo la concesión minera Montecarlo, desde 2016.
Al menos nueve familias estarían siendo gravemente afectadas debido a la cercanía de la cantera, que, según señalaron, se encuentra a menos de una cuadra de sus viviendas. Una de las casas incluso parecería estar colgada.
Asimismo, han señalado que, si bien los permisos de la empresa terminan el 31 de diciembre de 2026, desconocen la información de sus operaciones desde 2021. Durante estos diez años, las familias han tenido que vivir rodeadas de ruido y polvo, que resulta perjudicial para la salud, especialmente por las posibles enfermedades respiratorias que puede ocasionar, y también para los cultivos.
El paso constante de volquetas a gran velocidad y sin cubrir habría provocado daños en las vías y accidentes con bicicletas y motocicletas, además de perros atropellados, y la caída de piedras sobre personas. Estas situaciones han generado temor entre los moradores al momento de transitar por el sector. A esto se suman las afectaciones ambientales, desde la alteración de una quebrada hasta la desaparición progresiva de Peña Colorada, un territorio ancestral del pueblo Natabuela.
Su preocupación aumenta al observar que, pese a la proximidad de la fecha de terminación de permisos, en lugar de iniciar con las reparaciones ambientales, la mina de áridos y pétreos estaría buscando renovar dichos permisos y contactando a las familias para comprar sus terrenos, con el objetivo de extender la zona de explotación.
El pasado 16 de noviembre, una adulta mayor indìgena de 99 años tuvo que abandonar su hogar después de que su propiedad fuera comprada. Los vecinos aseguran desconocer los términos del acuerdo, pero consideran preocupante la situación, pues ella les habría manifestado previamente que deseaba vivir ahí hasta el final de sus días. Los demás comuneros temen verse obligados a dejar también sus casas y sufrir posibles represalias por parte de la corporación minera.
Ante esta situación, han intentado hacer llegar sus denuncias a las autoridades y solicitar que no se renueven las licencias y se detengan las actividades mineras. Sin embargo, señalan que no se sienten escuchados. Tras una audiencia con el GAD Municipal de Ibarra, se resolvió una visita al territorio el próximo 2 de diciembre, debido a que las autoridades se encontrarían próximas a salir de vacaciones. Mientras tanto, el pasado 17 de noviembre acudieron a la Casa de los Derechos, en Ibarra, para denunciar la presunta vulneración de derechos que están viviendo, pero, según relataron, recibieron como respuesta que el caso no era de su competencia.
Por su parte, uno de los representantes del Frente Nacional Antiminero cuestionó la falta de respuestas de las autoridades para garantizar los derechos de las tres comunidades, así como la ausencia de consultas ambientales y de la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades, tanto de este territorio como en las concesiones de toda la provincia de Imbabura, que, según señaló, alcanzarían aproximadamente 150.161 hectáreas.
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