El 9 de octubre de 2026, la edición impresa de Diario Expreso circulará por última vez después de 53 años y continuará únicamente de manera digital. Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó el hecho y pidió al Gobierno ecuatoriano “poner fin a toda forma de hostigamiento y presión estatal contra medios y periodistas críticos”.
Asimismo, la Comisión Nacional Anticorrupción calificó la situación como “una realidad extremadamente grave” y señaló que existirían acciones que buscarían “anular los espacios de opinión crítica”, lo que, de acuerdo con su comunicado, evidenciaría un escenario de autoritarismo.
Fundamedios también sigue el caso y señala que la situación actual del medio de comunicación “llega tras un año de auditorías, allanamientos, intervención estatal y pérdida de anunciantes”. Una pérdida que, según Ecuavisa, alcanzaría aproximadamente el 70%, debido a que parte del sector empresarial habría retirado su pauta ante la presión estatal. En una entrevista con el medio, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Granasa (editorial de Expreso), señaló que algunos clientes habrían sido amenazados con el SRI y la UAFE en caso de anunciar o imprimir con la empresa.
Según DW, Expreso tuvo que enfrentarse a una persecución y ataques estatales por parte del Gobierno de Daniel Noboa durante el último año, quedando bajo varias investigaciones, entre ellas una relacionada con un supuesto lavado de activos. Además del intento de la Superintendencia de apoderarse del 40% de las acciones de la empresa.
Martín Pallares, columnista de Expreso y analista político, señaló a Ecuavisa que la tensión con el Gobierno viene desde hace meses. Además, aseguró que el medio habría recibido un mensaje en el que se proponía parar con el acoso por parte del Estado “si es que se entrega las cabezas de tres personas”; una petición que fue rechazada. También destacó la importancia de la prensa frente al poder especialmente en casos de investigación, cuya información “incomoda” al Gobierno. “Las voces críticas molestan al poder, a este tipo de poder narcisista donde no se puede cuestionar la verdad oficial”, dijo. Por su parte, Leisker sostuvo que la empresa resistió un año y afirmó que “en una autocracia no tiene cabida la prensa independiente”.
Esta situación se suma a otros casos en los que se ha cuestionado la libertad de prensa y garantías al trabajo periodístico debido a acciones directas o relacionadas con el Gobierno. Entre ellos están la compra de La Posta en 2025 por Galamedios S.A.S, vinculada al asambleísta de ADN Luis Alvarado Campi; la renuncia del periodista Fabricio Vela de RTU tras denunciar un intento de censura; y el retiro del periodista Hernán Higuera de la investigación sobre el caso Progen por motivos de seguridad. A esto se suma los 97 casos de censura y de obstrucción del acceso a la información registrados por Fundamedios entre 2024 y 2026.
Además, un reportaje de La Prensa señala incrementos significativos en el impuesto a la renta de varios medios que recibieron parte del presupuesto destinado a la pauta publicitaria de la Presidencia de la República, entre ellos La Data, Carlos Vera, Radio Centro de Guayaquil, Visionarias, Radio Sucesos, Radio Sucre, Radio Exa y La Posta.
