En 2024, Ecuador registró un promedio de siete embarazos diarios en niñas de entre 10 y 14 años, según los datos del Ministerio de Salud Pública. Un total de 464 menores de esta edad dieron a luz en hospitales públicos, mientras que otras 1.021 denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Estos números reflejan solo los casos reportados en la Red Pública de Salud, lo que indica que la realidad podría ser aún más grave al no incluir otras instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), clínicas privadas ni los partos en domicilios.
En Imbabura, 47 embarazos adolescentes fueron registrados en esta franja de edad en hospitales públicos. Si bien los índices de embarazo infantil han mostrado una disminución respecto al año anterior, con una caída de 1.577 casos en comparación con 2023, las cifras siguen siendo preocupantes. En 2024, se reportaron 2.756 embarazos de niñas de 10 a 14 años, frente a los 4.333 del año previo.
Este año también se han presentado complicaciones graves asociadas a estos embarazos, entre las que destacan:
- 11 casos de hemorragia obstétrica
- 106 infecciones durante el embarazo
- 391 complicaciones no especificadas
- 49 partos prematuros
- 14 trastornos hipertensivos
Además, se han registrado 105 abortos en la red pública de salud, sin contar los posibles casos no reportados. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), alrededor del 12% de las niñas entre 10 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez, y el 80% de estos embarazos son producto de abusos sexuales. En Ecuador, 111 de cada 1.000 niñas entre 15 y 19 años quedan embarazadas, reflejando la grave situación de violencia sexual que afecta a la infancia en el país.
Es fundamental que el Estado asuma un rol activo y responsable en la prevención de embarazos adolescentes, mediante políticas públicas efectivas, educación sexual integral y un fortalecimiento en los mecanismos de protección frente a la violencia sexual. Las consecuencias sociales de estos embarazos son devastadoras, no solo para las menores afectadas, quienes enfrentan riesgos de salud y deserción escolar, sino también para la sociedad en general, que ve incrementadas las desigualdades y la pobreza. La falta de una respuesta institucional adecuada perpetúa un ciclo de vulnerabilidad que afecta el desarrollo y el bienestar de las niñas y sus comunidades.
