En medio de la aprobación a la ley minera, 61 activistas ambientales enfrentan procesos judiciales, 16 de ellos son parte del Frente Nacional Antiminero
El Frente Nacional Antiminero (FNA) denunció un proceso de persecución y criminalización en su contra, luego de que el 18 de septiembre de 2025 una lista de 61 dirigentes sociales, ecologistas, académicos y defensores de derechos humanos fuera sometida a procesos judiciales por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito no justificado”. Entre ellos constan 16 integrantes de la organización.
El FNA sostiene que, desde julio de 2025, se impulsó un discurso oficial que los vincula con el crimen organizado, la minería ilegal y el manejo irregular de fondos. Además, denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias y la posterior ampliación de cargos por “financiamiento de terrorismo”, pese a que no existen pruebas.
La organización lanzó la campaña “Sin defensores no hay derechos” y pidió a la comunidad internacional vigilar el respeto al debido proceso. El pronunciamiento se da en medio del debate sobre la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, el cual fue aprobado en la trae de este jueves, 26 de febrero.
La criminalización de defensoras y defensores de la naturaleza en Ecuador no es nueva, pero se ha profundizado en los últimos años, especialmente en provincias donde existen conflictos mineros activos como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde se registran más de 200 campesinas y campesinos criminalizados.
