Ricardo* no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su
muerte, recibió un correo electrónico que contenía una carpeta con todos los documentos
escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual sistemático
que vivió por parte F.G. Cadena, un coadjuntor —religioso laico— del Centro Juvenil San
Patricio, de la comunidad salesiana, en 1987. Del expediente que Ricardo armó durante 36
años y que lo mantuvo en su poder hasta su muerte, al menos once vicarios de alta
jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, conocieron su denuncia de abuso sexual. A
pesar de esto, el pederasta hoy sigue siendo párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.
La muerte de Ricardo, en marzo de 2024, fue noticia porque ocurrió dentro de la Asamblea
Nacional; días antes él fue visto con una carpeta pidiendo ser escuchado. Lo que llevaba en
sus manos no era su hoja de vida en busca de trabajo, era su búsqueda de justicia.
Una cárcel llamada San Patricio
Ricardo* tenía trece años y seis meses cuando ingresó al Centro Juvenil San Patricio, CJSP,
en agosto de 1985. Antes de eso, había vivido un año en la calle y dos meses en un albergue
temporal conocido como ‘El Sótano’, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la
Universidad Salesiana, en Quito. Según Ricardo, la estancia en este albergue era obligatoria
como paso previo para ingresar al Centro Juvenil.
Sentir que finalmente tenía un lugar permanente para dormir, alimentarse y vivir seguro le
generó muchas expectativas. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Durante el primer
semestre en San Patricio, la violencia entre los internos era incluso peor a la que Ricardo
había experimentado en las calles. Según sus propias palabras, “ni la seguridad de tener
comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del
grupo”. La violencia física era constante. Mientras que la sexualidad —un tema en
permanente tensión— orillaba a los chicos a demostrar su virilidad; incluso debiendo
mostrar su pene erecto al resto del grupo en múltiples ocasiones. Por supuesto, ninguna
expresión de feminidad era permitida.
Varias veces Ricardo intentó escapar y volver a vivir en las calles siguiendo su propio ritmo
de vida. Sin embargo, con el tiempo encontró cierta protección temporal en un grupo de
amigos antiguos y nuevos, lo que le permitió sobrevivir los primeros seis meses en el
internado. Al comenzar el segundo semestre, alcanzó un nuevo estatus social, al dejar de
ser considerado como uno de los recién llegados, lo que le brindó tranquilidad, al menos en
algunos momentos.
Dentro del Centro Juvenil San Patricio operaba el Proyecto Salesiano “Chicos de la
Calle”, cuyas áreas de enfoque eran la acogida temprana, la reintegración familiar y
educativa, así como la formación técnica y artesanal; además de la educación religiosa,
entre otros aspectos. El objetivo principal era atender a niños y adolescentes varones en
situación de calle, abordando problemáticas como la callejización, el consumo inicial de
sustancias psicoactivas, la explotación sexual, el maltrato, entre otras vulneraciones a sus
derechos.
Durante la época en la que Ricardo permaneció en San Patricio, el centro albergó entre 80 y
125 niños y adolescentes de 6 a 18 años. A pesar de ser un programa de internamiento con
un enfoque especial en la protección, los internos no estaban organizados en grupos según
sus edades, y carecían de un seguimiento individualizado.
Además, el Centro Juvenil San Patricio, CJSP, no contaba con suficientes profesionales a
tiempo completo. Durante las noches, vacaciones o días festivos, los jóvenes quedaban bajo
la supervisión de voluntarios religiosos o personas en formación sacerdotal, que eran
insuficientes en número y carecían de formación especializada.
Después de pasar un año en el internado, Ricardo se adaptó a la dinámica del Centro y
continúo una carrera de carpintería. Comenzó a destacar en sus estudios siendo elegido con
frecuencia para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e
inserción social.
Llegó el tercer año de permanencia en el Centro, un período muy confuso y doloroso para
Ricardo, que aunque siempre destacaba en lo académico y tenía mucho potencial,
psicológicamente estaba devastado. Ricardo comenzó a ser abusado sexualmente por uno
de los hermanos coadjuntores salesianos del Centro, F.G. Cadena, en principio responsable
del taller de sastrería, después educador general a tiempo completo en el CJSP y hoy
párroco en la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.
Pederastia Clerical
Era 1987, Ricardo tenía 15 años, cuando F. G Cadena, de 32 años, comenzó a abusar de él
de forma sistemática. Cadena era coadjuntor —un religioso laico, que vive en la comunidad
religiosa junto con sacerdotes o diáconos salesianos— , su poder, la autoridad y la
confianza, le permitían tener contacto directo y constante con todos los niños y
adolescentes internos.
Ricardo narra los inicios del abuso así:
“Recuerdo que había una habitación aislada, lejos del edificio central que servía como
enfermería, era un lugar al que no todos tenían acceso, que tenía seguridad y que servía
para descansar o recuperarse o aislarse médicamente. No recuerdo exactamente por qué me
encontraba en la enfermería pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en
ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas,
en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los
internos, pero empezó a acariciarme los genitales”, narra Ricardo, en una declaración, en
2018, ante el llamado “Tribunal Diocesano” en lo que la Iglesia denomina “investigación
previa” conformado por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario
Roque Gavilanes.
Un día Cadena invitó a Ricardo a su habitación a pretexto de mostrarle algo; pese a que era
prohibido hacerlo, se las ideó para ingresar con él a su dormitorio, ahí le dio un libro y
mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, Cadena, abusó sexualmente de
él. Esta dinámica se mantuvo a diario y se convirtió casi en un ritual. Incluso por las noches
Cadena obligaba a Ricardo a cruzarse por el muro del tercer piso para ir a su habitación, un
par de ocasiones fue encontrado saliendo del cuarto del coadjuntor, por sus compañeros de
internado.
A cambio del abuso sistemático, cuando el grupo estaba a cargo de Cadena, Ricardo era
“recompensado” con dotaciones extras de comida, exoneraciones de trabajos, de castigos o
de tareas forzadas.
El abuso duró casi seis meses y esto generó que Ricardo abandone San Patricio sin terminar
el programa. En un certificado de 1989, el director del Centro Juvenil San Patricio, de ese
entonces, padre Jaime Calero, dice que Ricardo se retiró “por circunstancias personales”.
Pero en realidad la razón fue que Ricardo prefirió volver a las calles, antes que seguir
viviendo el abuso del cual era objeto.
F. Cadena, al poco tiempo, también, salió del Centro Juvenil y fue a trabajar como docente
en el Colegio Técnico Don Bosco de La Tola, de Quito. Allí fue donde él y Ricardo se
volvieron a encontrar. Cadena no desaprovechó la oportunidad para proponer a su víctima
seguir “manteniendo contacto”. Ricardo, esta vez, libre de sometimientos, encierros y
ataduras, se negó rotundamente, poniendo un alto a su agresor y al abuso, aunque, en ese
momento, no fue capaz de denunciarlo.
“yo me limité a evadir lo más que pude, pero no fui capaz de denunciar, ya que
eso al interior de mis compañeros hubiese significado la burla permanente e
incluso el aislamiento entre otras cosas. Creo que pesó mucho las consecuencias
que se darían de una denuncia que el mismo hecho del abuso. Esto hizo que
termine viviendo el abuso incluso como una situación normal.” dice Ricardo, en
una carta enviada al inspector salesiano, años después.
Denunciado al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano
Ricardo necesitó dieciséis años para poder hablar y denunciar el abuso sistemático al que
fue sometido por F. G. Cadena, en el Centro Juvenil San Patricio. Su primer intento de dar
a conocer lo vivido es una carta enviada al Padre Franciso Sánchez, inspector de la
comunidad Salesiana, el 20 de abril del 2003.
“Después de una fuerte reflexión de cuaresma, me he sentado a escribir y expresar lo que
estoy viviendo. Soy un ex-alumno del Centro Juvenil San Patricio (Cumbayá “SP”), estuve
en el centro desde el 10 de agosto de 1985 hasta el 15 de noviembre de 1988*, durante los
tres años y tres meses viví muchas cosas y situaciones” inicia la carta de cinco páginas
donde narra la violencia vivida en el Centro y el abuso sexual por parte de Cadena.
“Hace unos años me negaba a creer que la sexualidad es importante en la vida
misma, me negaba como forma de no reconocer que he sido violentado y
abusado en mi corta edad, la negación como forma misma del miedo y de la
incapacidad de superar momentos tan dolorosos para mí (…) una forma de
afrontar es tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo
hoy.” narra Ricardo.
La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, fue una
llamada telefónica donde le dijo que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad
Salesiana y que no era sacerdote sino un laico religioso. Esto para deslindar a los salesianos
de toda responsabilidad de cara a este acto abominable.
Dos meses después, el 2 de junio del 2003, el abusador Cadena remite un correo a Ricardo
donde le dice:
“yo no sé qué le impulsó hacerme daño de esta manera en contra de mi persona, por
lo que le pido de por favor retire esa documentación pidiendo disculpas en vista que
la comunidad salesiana no tiene que ver nada en este asunto. Hace algunos años
atrás que me retiré de los salesianos, por lo tanto, ya no soy miembro de esa
comunidad. Y nunca en mi vida he pasado por estos casos engorrosos de leguleyos
de los cuales usted menciona”.
Que el agresor tome contacto con la víctima de violencia para recriminarle por su denuncia
es una forma de amedrentamiento, una forma de buscar silenciarlo. Ricardo se sintió
presionado y por años esperó, pero los intentos de Cadena no lograron callarlo. Así, el 23
de octubre del 2006, envió una carta abierta a la Comunidad Salesiana:
“La comunidad salesiana no puede exonerarse de responsabilidades, yo fui parte de
una institución dirigida y administrada por la C. Salesiana, el abusador sexual fue
miembro de la comunidad, los abusos fueron frecuentes y sistemáticos dentro de un
sistema de “rehabilitación” bajo modalidad de internado, los cuales han sido y son
promovidos como alternativa de educación por parte de la comunidad Salesiana. Es decir, las condiciones institucionales del internado permitieron que un abusador
sexual tenga instrumentos y posibilidades que le permitieron abusar de mí sin ser
detectado y sobre todo salir impune del hecho. A esa impunidad la C. Salesiana
representada en la inspectoría resulta sumarse con una posición de simple lavado de
manos.” dice Ricardo en la carta.
Pese a no haber obtenido respuesta en sus anteriores comunicaciones, el 4 de junio del
2018, Ricardo vuelve a enviar un correo electrónico al párroco Francisco Sánchez,
inspector salesiano, con copia a varias autoridades de la Iglesia, incluida la Conferencia
Episcopal, donde solicita una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.
“Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciado la situación
de ABUSO SEXUAL a un menor por parte de un miembro de la comunidad
salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años y la
Comunidad Salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho, la
madurez de asumir una denuncia y la oportunidad de subsanar una vida” dice
el correo.
Tras 15 años de espera, esta vez Sánchez responde el correo y le otorga audiencia. Once
días más tarde, Ricardo mantiene una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo
Vicario de Galápagos, y el padre Teófilo León, vicario de Misión, quienes solicitan a
Ricardo rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento, también, de la máxima autoridad
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en ese momento, monseñor Eugenio Arellano.
Ricardo no se demoró en entregar la denuncia, la tuvo lista por años. El 15 de junio del
2018 la remitió, y en ella solicitó:
“se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones y
resorciones necesarias del abuso sexual denunciado” y concluye con esta frase:
“no más víctimas de abuso sexual en instituciones educativas religiosas”.
La razón por la que avocó conocimiento el vicariato de Galápagos, es porque Cadena
cambió de congregación y se ordenó como sacerdote diocesano, el 6 de diciembre del 2003,
es decir, ocho meses después de que Ricardo lo denunció por primera vez ante los
salesianos. Cadena fungió de párroco en la Isla Floreana, luego pasó a la Isla Isabela, en la
cual permaneció por mucho tiempo, hoy según una fuente reservada dentro de la iglesia,
conocemos que es párroco de la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las
Islas Galápagos.
El Vicariato Apostólico de Galápagos, el 16 de julio del 2018, mediante decreto No. 002-
2018-DEVAG-CFGCP, dio inicio a la investigación previa por las acusaciones en contra de
Cadena “conforme el Instructivo para el juzgamiento de causas de abuso sexual por
parte de clérigos, que realicen su labor pastoral en el Ecuador, emitido en 2014, por la
Conferencia Episcopal, decretando:
“ 1. Dar inicio a la investigación previa, a norma del CAN. 1717, de la actual legislación
canónica.
- Nombrar como Delegado para esta investigación previa al presbítero Reverendo Padre
LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinado en la Arquidiócesis de Quito. - Nombrar como Notario al Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinado en la
Arquidiócesis de Quito.”
El 14 de septiembre del 2018, Ricardo fue interrogado por este llamado “Tribunal
Diocesano”, en una llamada “investigación previa” donde le realizaron ocho preguntas. Es
desgarrador leer el interrogatorio, los detalles del abuso sistemático del que fue víctima, las
secuelas irreversibles en su vida de esta vil agresión. Algo que salta a la vista y es de
enorme preocupación es la pregunta cinco:
— ¿Sabe usted si el presbítero F. Cadena cometió otros abusos a otros menores?
— No tengo la certeza, sin embargo, después escuché muchos rumores de que así era.
Al contestar la última pregunta Ricardo es enfático en mencionar:
“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entregó una
carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la
comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico
de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas
para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero
añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero
F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su
culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y
lo abordó y que él es inocente.”
El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a
monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos de la ciudad del Vaticano, donde le da a conocer que luego de haber mantenido
una conversación personal con F.G. Cadena, este reconoció su culpa por lo que pregunta
cómo proceder considerando que al momento “de cometer el delito tipificado en el Art. 6
de MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*, no era clérigo, sino hermano Coadjuntor
salesiano”.
Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019, monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio
Apostólico del Ecuador, remitió a monseñor Bonilla, el oficio N. 1918/19, en el cual le
hizo conocer que, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, entidad encargada en el mundo de las sanciones disciplinarias en
casos de abuso sexual, “se proclama no competente en el caso mencionado” pues solo
puede juzgar delitos cometidos contra el sexto mandamiento por los clérigos (no de
religiosos laicos). Dejando a criterio del Obispo las medidas a tomar, considerando que, la
acción criminal conforme lo establece el Código Canónico (Can. 1362 § 1, 2) prescribe a los 5 años.
Cuatro días más tarde, monseñor Patricio Bonilla, suspende vía decreto ad tempore a
Cadena, donde le impone una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio
del ministerio sacerdotal. El documento dice:
“Siguiendo las instrucciones dadas, el Consejo de Misión, reunido en Puerto
Baquerizo Moreno, San Cristóbal, el 12 de marzo de 2019, impuso una pena
canónica de un año al Rvdo. F. Cadena, privando de todos los beneficios y del
ejercicio de su ministerio sacerdotal. Además, exhortándolo a reflexionar y meditar
este tiempo en un retiro prolongado en la Isla Floreana.
Esta pena, cuya finalidad es suscitar el deseo sincero de cambio y conversión tendrá
efecto desde el momento en que P. F. Cadena, tenga conocimiento del mismo”
La pena la impone Monseñor Bonilla por ser el Vicario de Galápagos, pero al haberse
cometido el delito en Quito, esta sanción debía también ser impuesta por la máxima
autoridad eclesial de esta ciudad. Pese a que la pena canónica es de efecto inmediato, recién
cinco años más tarde, el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza
Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024, del 31 de enero de 2024, le hace conocer a F.
Cadena la revocatoria de sus facultades ministeriales, al tiempo que le recomienda que
vuelva a su jurisdicción, pese a que el sacerdote ya se encontraba de vuelta en Galápagos.
Una fuente reservada, experta en derecho canónico, explica que esta acción del arzobispo
de Quito. Alfredo José Espinoza, es una forma de “curarse en sano” ya que queda la duda
de que esta revocatoria corresponda a la pena impuesta por monseñor Patricio Bonilla,
Vicario Apostólico de Galápagos, en 2019, o si se trata de otra sanción impuesta al mismo
sacerdote Cadena, años después, dado el tiempo transcurrido y la falta de justificación en el
documento.
En todo caso, este decreto de revocatoria de facultades a F. Cadena, emitido por el
Arzobispo de Quito consistía básicamente en: no poder celebrar misa, impartir la palabra de
Dios y escuchar confesión, por un año. Siendo así, el cura Cadena, este año, 2024, debería
estar privado de sus facultades ministeriales, cosa que no ha sucedido.
Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas
oficialmente a la víctima. Ricardo tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una
reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco
Marcelo Farfán, el 7 de febrero del 2024, para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año. Ricardo y el párroco
Farfán se conocieron en el Centro Juvenil San Patricio, cuando este último recién iniciaba
su camino al sacerdocio como estudiante de teología, a esto apeló Ricardo para lograr
reunirse con él.
Entre la calle y el cielo
Ricardo fue un niño en situación de calle, un adolescente vulnerable, hijo de madre soltera,
el menor de dos hermanos. A los 12 años se fue de su casa y sobrevivió en la calle,
subiendo y bajando de buses interprovinciales, así conoció todo el país y así pudo evadir,
por un año, el maltrato y la negligencia parental de las que era objeto.
Durante este tiempo experimentó mucha violencia, pero nada fue comparable al abuso
clerical que tuvo que soportar en el Centro Juvenil San Patricio. Allí escapar le fue
imposible, el Centro era una cárcel sin barrotes, en donde el desamparo se fundía con el
miedo y el silencio, creando un terreno fértil para que todo tipo de malos tratos y el abuso
clerical se produjeran.
Ricardo sabía que hubo más chicos violentados sexualmente en el Centro; también, sabía
que no tuvieron su misma suerte, no solo por no lograr irse de San Patricio sino por no
haber podido salir de la calle, terminar el colegio y graduarse en la universidad, como él sí
lo hizo.
Ricardo tenía altas capacidades y un problema de visión que no fue corregido a tiempo, lo
que le causó dificultades en la escuela. Cuando era niño, no le gustaba asistir a clases
porque no podía leer, lo que le costó recibir palizas no solo de su madre sino también de los
empleadores de ella. Su madre era una trabajadora doméstica.
Aunque se graduó tarde, casi a los 33 años, tuvo muchos logros en el campo profesional.
Fue asesor de autoridades locales, fue funcionario en la Asamblea Nacional, hasta febrero
del 2024, cuando fue desvinculado.
Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su
pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F.
Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su
vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró.
El 5 de marzo del 2024, Ricardo, que aún mantenía la credencial de la Asamblea Nacional
por haber trabajado en la institución, pasó los filtros de seguridad, llegó hasta la terraza del
Palacio Legislativo y se quitó la vida. La Asamblea Nacional emitió un escueto
comunicado sobre su muerte. Pese al hermetismo de las autoridades, en redes sociales el
caso se viralizó asegurando que la desesperación por encontrar trabajo llevó a esta persona,
cuya identidad era desconocida, a quitarse la vida.
Alex Samaniego, funcionario de la Asamblea Nacional en su cuenta de X publicó:
“Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja
de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a
hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo
volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver
desde aquella ocasión. Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la
asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un
hogar que mantener”.
Sin embargo, su pareja quien lo conoció y estuvo a su lado quince años desmiente lo
aseverado en redes sociales: “Siempre trabajamos y nos ha ido bien, construímos una
experiencia laboral importante por lo que encontrar otra oportunidad laboral era cuestión de
tiempo”.
En poder de Ricardo hallaron su teléfono y un pasamontaña. Su cuerpo fue encontrado por
un trabajador del área de mantenimiento de la Asamblea alrededor de las 10:00 am. En el
examen médico legal se pudo observar que el rigor mortis había durado aproximadamente
de 10 a 12 horas lo que ha generado dudas en su familia debido a las diferencias entre la
hora en que fue encontrado y el tiempo transcurrido desde su muerte.
La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Dinased, por pedido de la Asamblea
Nacional, inició una investigación que no ha avanzado hasta ahora, las cámaras de
seguridad son cruciales para determinar cómo y a qué hora entró, con el fin de disipar todas
las dudas en este caso.
Ricardo no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su
muerte, recibió un correo electrónico de él, que contenía una carpeta con todos los
documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual
clerical sistemático del cual fue objeto.
La carpeta que llevaba Ricardo bajo el brazo, todos los días, pidiendo ser recibido por el
presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y por varios asambleístas, no era su
currículum vitae. Su desesperación porque le dieran audiencia tampoco tenía que ver con
un pedido laboral.
El espíritu de cuerpo del clero y el control de las almas
Ricardo pasó veintiún años esperando por una respuesta, confiando en que el abuso sexual
del cual fue objeto pesara más que las sotanas de los vicarios.
La tardía sanción clerical a F.G. Cadena, por haber abusado sistemáticamente de él y quién
sabe de otros niños más, es un acto de cinismo.
La máxima pena que contempla el derecho canónico para un cura que haya violado a uno o
a mil niños es reducirlo al estado laico —como si ser laico fuera un castigo— y ni esa pena
le fue dada al cura Cadena, quien se mantiene como párroco en las Islas Galápagos.
Surgen muchas preguntas en este caso: ¿Por qué las autoridades eclesiásticas tardaron
tanto en responder a Ricardo y en sancionar al cura Cadena? ¿Por qué la Iglesia no
denunció al agresor ante la Fiscalía? ¿Por qué se le permitió ordenarse como cura cuando 8
meses antes, Ricardo, lo denunció por pederastia clerical? Pese a que Cadena aceptó su
culpa, ¿por qué sigue fungiendo como cura, con todos los riesgos que ello implica? La
respuesta es evidente, porque la tolerancia hacia el delito, el silencio cómplice, el
encubrimiento sistemático y la falta de colaboración con la justicia convierten a la
pederastia clerical no solo en una agresión sexual individual sino en una práctica
legitimada estructural e institucionalmente por la Iglesia Católica. Porque este patrón
subsume a los religiosos y los cercanos a ellos en una red de ocultamiento y protección
mutua.
Por otra parte, en el “dilecto hermano en Cristo”, F.G. Cadena, no hubo acto de contrición
alguno, arrepentimiento, y mucho menos un propósito de enmienda; ni siquiera cumplió la
sanción canónica de un año que se le impuso. Durante la pandemia del COVID-19,
allegados a Ricardo pudieron constatar que Cadena impartía la Santa Misa, vía Zoom, a los
feligreses de las Islas Galápagos. Este ofensor sexual, luego de su paso por el Centro
Juvenil San Patricio, dio clases en los colegios Don Bosco y Central Técnico de la ciudad
de Quito, hasta que se ordenó como cura y se fue a las Islas Galápagos, donde ha sido
párroco de varias parroquias.
Del expediente que Ricardo fue armando durante años y que lo mantuvo en su poder hasta
el día de su muerte, fueron al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en
El Vaticano, los que conocieron del caso, y salvo al párroco Marcelo Farfán, a todos les
faltó compasión, sensibilidad y humanidad no sólo para con Ricardo sino para todos
aquellos niños a los que Cadena, un pederasta consumado, debió haber agredido durante
todo este tiempo.
Autoridades Eclesiásticas que conocieron el abuso sexual cometido por el cura F.
Cadena
Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional
En la historia de abuso clerical de Ricardo, a diferencia de otros casos como las víctimas de
los curas César Cordero (+) o Luis Intriago y su dinámica del pecado, y otros casos más,
hay algo que no podemos dejar escapar, y es que Ricardo se encargó de documentar cada
una de las actuaciones de la Iglesia Católica y su afán por silenciar u ocultar lo sucedido.
En la carpeta que remitió a su pareja, hay documentos fechados, foliados y numerados; es
decir, hay pruebas de la perversa actuación de la jerarquía eclesiástica, de su calculado y
cómplice silencio y de su falta de amor al prójimo. Sí, porque durante 21 años intentaron
desmoralizar a Ricardo, acallarlo, ganarle por cansancio, pese a su enorme sufrimiento,
hasta llevarlo a un punto de quiebre.
La ridícula pena eclesial impuesta al pederasta F.G. Cadena, tras su aceptación de los
hechos, no solo terminó de dar la estocada final a su víctima, sino que también dejó al
descubierto, una vez más, que la Iglesia Católica está lejos de tramitar e investigar el abuso
sexual clerical con debida diligencia y mucho menos de intentar poner a sus perpetradores
en manos de la justicia.
Otra prueba de lo aquí afirmado es el informe intermedio de investigación defensorial
emitido por la Defensoría del Pueblo, DPE, el 20 de diciembre del 2023, con el fin de
conocer el estado de situación de los niños y niñas del país en materia de abuso sexual
infantil. En él, mediante un oficio, la DPE consulta a la Conferencia Episcopal acerca “del
registro de casos de abuso sexual infantil detectados en el ámbito religioso en el período de
2018 a junio de 2023 y respecto al número de casos denunciados a la Fiscalía”. La
Conferencia Episcopal señala no contar con dicha información y solicita que la misma sea
requerida a las distintas jurisdicciones eclesiásticas.
¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando el pacto de silencio e impunidad impuesto
por la Iglesia Católica? La pederastia clerical no solo merece una respuesta canónica, sino
también judicial y legislativa.
Por justicia, contra el silencio y la impunidad
Ricardo se quitó la vida dentro de la Asamblea Nacional, fue exfuncionario de esta entidad,
un hombre sensible e inteligente en búsqueda de justicia. Su caso debe ser investigado de
principio a fin; su familia merece obtener respuestas.
La Iglesia Católica y su cuerpo eclesial deben rendir cuentas por este y por todos los casos
de abuso sexual y pederastia clerical contra niños, niñas y adolescentes que han ocultado,
olvidado y silenciado: el del Cesar Cordero, en Cuenca; el de Luis Fernando Intriago y
su dinámica del pecado, en Guayaquil; el de Nestor Genaro B., párroco de Guapulo,
en Quito y el último conocido en junio de 2024, el de Miguel Augusto Yumi, párroco
de San Miguel del Común, que abusó de una niña de 13 años de la Unidad Educativa
Danielle Sipione, en Quito, y huyó a Colombia. Es mandatorio buscar y descartar a más
víctimas del cura F. Cadena. A las víctimas de este flagelo y sus familias se les debe dar la
opción de denunciar y la garantía de obtener verdad, justicia y reparación, la Iglesia debe
indemnizarlas.
Se impone, también, la necesidad de una auditoría a todas las instituciones y autoridades
eclesiásticas conjuntamente con sus planes, programas, proyectos, y sus funciones
pastorales y educativas hacia las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Es
necesaria una Comisión de visitadores nombrada por el Papa Francisco para que investigue
los abusos sexuales, algo que ya se ha hecho en otros países como Chile, Bolivia y Perú.
Hay que evaluar, también, las actuaciones de las entidades del Estado conforme a sus
competencias y determinar los vacíos y deficiencias normativas frente a este flagelo.
La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura tienen la exigencia de llevar un registro
desagregado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes
perpetrados por miembros de la iglesia católica y evangélica, como una forma de contar
con datos reales sobre la violencia sexual sistemática ocurrida en estas instancias. Esto
siguen sin hacerlo, pese a que transparentar esta información fue una de las
recomendaciones del Informe AAMPETRA del 2018, sobre el abuso sexual en espacios
educativos.
Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede crear una Comisión Especializada
Ocasional no solo para investigar el caso de Ricardo, sino también de todas las víctimas de
violaciones y abusos a quienes la Iglesia Católica, sus autoridades e instituciones —no solo
educativas— les han impuesto el silencio y el temor reverencial.
El resultado de esta Comisión podrá servir de insumo para que las víctimas y sus familias
puedan llevar sus procesos a los sistemas internacionales de derechos humanos —en
muchos casos será lo único que les quede por hacer— y así obtener algo de resarcimiento
por tanto dolor y sufrimiento.
Hay que dejar de ser testigos silentes, los cambios concretos y profundos ofrecidos por la
Iglesia Católica para librarla de este flagelo, han quedado en meros propósitos y no han
pasado de un bonito discurso, no importa cuánto se afanen en avergonzarse y disculparse,
las víctimas siguen siendo ignoradas y burladas en el nombre de Dios, de su Cruz y de la
Iglesia.
En este artículo, honramos la memoria de Ricardo (nombre protegido) y nos
comprometemos a dar voz a su historia y a las historias de tantos otros niños y niñas
víctimas del abuso y la pederastia clerical. Más que un relato de tragedia, este es un
llamado a la acción, una invitación a la empatía y a la solidaridad para con las víctimas de
este flagelo y sus familias, también es una exigencia para que la Iglesia Católica deje de
encubrir a curas abusadores y para que el Estado ecuatoriano investigue estos actos
abominables.
Si fuiste víctima de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia o conoces alguna
historia y quieres denunciar, puedes escribirnos a investigacion@wambra.ec
Notas:
*Ricardo es un nombre protegido.
*Si bien Ricardo coloca en la carta que estuvo en el Centro Juvenil San Patricio de 1985 a
1988, un certificado emitido por el director del Centro, Padre Jaime Calero, en 1989, dice
que él estuvo en el Centro hasta noviembre de 1987. Para una víctima de violencia sexual
que recuerda los hechos ocurridos en la niñez o adolescencia, los tiempos pueden percibirse
diferente, lo que puede hacer que estos se los recuerde con una temporalidad más amplia,
dado los efectos del trauma.
*Sacramentorum Sanctitatis Tutelano significa, “La custodia de la santidad de los
sacramentos”.
Por: Sybel Martínez R. @sybelmartinez
Ilustración: Vilma Vargas @vilmavargasva
Edición: Ana María Acosta @yakuana
Fuente: Wambra Medio
