Las Islas Galápagos, declaradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, serán entregadas a Estados Unidos por el gobierno de Daniel Noboa. En los próximos días, se espera la llegada de buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones de EE.UU. para instalar una base militar en el archipiélago.
La alerta fue emitida por algunos medios internacionales durante el fin de semana, sin que la prensa nacional, hiciera eco de la noticia. En la Resolución Nro. 23-CGREG-10-12-2024, aprobada el 10 de diciembre de 2024, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos aprobó el “Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular”, así como el “Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos”.
En dicha resolución, ordenan a los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador a respetar las leyes, la cultura, el orden público, la paz y la seguridad ciudadana. Así mismo, se comprometen a respetar la soberanía nacional de Ecuador y el marco legal dentro del cual operan, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sin embargo, la soberanía nacional ya fue vulnerada en el pasado con la instalación de la Base de Manta en 1999. La decisión de autorizar el funcionamiento de una base norteamericana en el país fue repudiada por algunas organizaciones sociales. El acuerdo fue pactado entre la Embajada Norteamericana, la Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional. Este último comunicó de inmediato que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no tenían objeción sin que haya una consulta previa a los pobladores de Manta, quienes se oponía rotundamente ser parte del Plan Colombia.
Según la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, creada para investigar la violación de los derechos humanos durante la presencia de la Base de Manta desde 1999, se cometieron graves crímenes contra la humanidad. Ocurrieron daños a la propiedad privada de pesadores, destrucción de barcos, abordajes y hundimientos además denunciaron atropellos de estadounidenses quienes acusaron a pescadores injustamente de narcotraficantes. En el informe de la Comisión publicado se presentan por lo menos 18 casos de abuso a pescadores quienes perdieron sus embarcaciones.
En cuanto a violaciones de derechos humanos fundamentales, se reportan desapariciones, violencia sexual, niños abandonados, maltratos y tortura. Pone en alerta el tema de las desapariciones perpetuadas durante la presencia de la Base de Manta, mismas que hasta la fecha de hoy permanecen impunes. Muchos de los familiares de los desaparecidos sospechan que la responsabilidad en la desaparición está en las acciones inconstitucionales de interdicción marítima realizadas por la Armada Norteamericana en aguas internacionales y en aguas del Mar Territorial Ecuatoriano.
No existen cifras oficiales por parte del Estado de muertos y desaparecidos. Sin embargo, según un informe presentado por Inredh en el 2003 existieron 18 desapariciones ocurridas tras la intervención de un barco pesquero. No obstante, después de la denuncia del caso se registraron acusaciones sobre: 14 embarcaciones hundidas, 4 barcos que sufrieron daños irreparables, 1 barco desaparecido, 125 migrantes víctimas de tratos inhumanos y degradantes, contrarios incluso a la moral, y 2 personas detenidas y desaparecidas. Todas estas denuncias fueron acompañadas de la documentación pertinente, incluidas fotografías, las cuales pusieron al descubierto una realidad que había permanecido oculta durante una década por parte de los medios de comunicación, las autoridades locales y las autoridades gubernamentales de turno.
En 2009, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa no renovó el acuerdo de cooperación suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos, relativo al acceso y uso de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos. Además, se implementó una normativa en la Constitución de 2008 que obligó a la salida de las bases militares extranjeras del país. La última operación estadounidense en Ecuador se realizó en la ciudad costera de Manta. La Base de Manta estuvo en funcionamiento durante 10 años, desde 1999, inició bajo la presidencia de Jamil Mahuad.
En 2018, algunos grupos ambientalistas y otros detractores del gobierno de Lenín Moreno se opusieron a la idea de permitir que aviones militares estadounidenses utilizaran el aeropuerto de la isla San Cristóbal, debido al impacto ambiental y a la posibilidad de establecer una base militar. Según el Ministro de Gobierno de ese entonces, Oswaldo Jarrín, el objetivo era combatir el narcotráfico y la inseguridad marítima.
En octubre de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso, otorgó al personal militar y civil del Departamento de Defensa beneficios, exenciones e inmunidades similares a los que disfrutan los empleados administrativos y técnicos de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena. Este acuerdo implicaba la creación de una base militar, aunque aún debía ser aprobado por la Corte Constitucional.
A través de una reforma parcial de la Constitución, aprobada por la Corte Constitucional en octubre de este año, Noboa propuso eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Tras la aprobación de la reforma, se abrió el camino para la entrada de fuerzas militares estadounidenses al territorio, marcando un nuevo capítulo en el que la soberanía de Ecuador se pone en riesgo.
Según algunos testimonios recopilados por el medio mexicano La Jornada, “el proyecto se trata de una compra de conciencias de las autoridades y el entreguismo a Estados Unidos es evidente”, afirman. Además, aseguran que la implementación del proyecto requerirá adecuar o construir instalaciones adicionales en los puertos y aeropuertos locales, lo que ya representa un impacto al frágil ecosistema de las Galápagos.
El argumento del Ejecutivo es buscar ayuda internacional para combatir la inseguridad derivada de los delitos transnacionales que afectan al país, como el narcotráfico y el crimen organizado. El plan Fenix anunciado por el gobierno es cuestionado por los ecuatorianos, pues los resultados de intervenciones militares similares son nefastas y utilizadas para vulnerar derechos humanos. En el 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de homicidio de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras que hasta noviembre de 2024 se registran ya 5.717 homicidios.
Según el régimen y su política antinarcótica, la presencia de tropas estadounidenses en Ecuador, servirá para combatir el crimen. Sin embargo, por lo ya analizado, incrementará la vulnerabilidad de la población, atentará contra el Patrimonio Natural de la Humanidad y afianzará una relación servil y dependiente con Estados Unidos, con un tinte bélico, parte de una estrategia geopolítica sin precedentes.
El país será nuevamente utilizado como un peón para avanzar a favor de los intereses hegemónicos de Estados Unidos, en una de las regiones más biodiversas del planeta y en una parte del planeta que geopolíticamente es importante.
