Son 11 días de vigilia comunitaria en contra de la minería ilegal en la Merced de Buenos Aires, Urcuquí. El miércoles, 26 de marzo, se registraron agresiones contra las Fuerzas Armadas por parte de grupos irregulares. Hoy se sabe que cerca de 500 uniformados, entre policías y militares, se encuentran en la zona. El objetivo es derrocar las casas y cambuches construidos en la “Ciudad del Plástico”, El Triunfo, que albergaban a mineros ilegales.
Aproximadamente 700 personas están actuando en el sitio, entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la municipalidad de Urcuquí y la Prefectura de Imbabura. El propósito fue desalojar y derrocar las construcciones que no cuentan con un aval del catastro municipal, es decir, aquellas casas o cambuches construidos de manera temporal e improvisada, así como desalojar a los mineros ilegales. La operación fue liderada por las Fuerzas Armadas en base a inteligencia Militar.
La situación se torna cada vez más compleja, pues grupos de delincuencia organizada están controlando la zona. El miércoles se registró un desalojo pasivo de personas, y miembros de las Fuerzas Armadas fueron recibidos con disparos en la zona. Los habitantes del lugar han abandonado el área de manera apresurada, especialmente después de que ayer se registrara el fallecimiento de un músico que pertenecía a un mariachi de Antonio Ante. El hecho ocurrió en San Gerónimo, vía de acceso a la zona minera, cuando delincuentes tendieron una emboscada.
Según información preliminar de las Fuerzas Armadas, en la zona minera de Visera 1, Visera 2 y El Triunfo habitan de manera permanente unas 600 personas. Sin embargo, se estima que alrededor de 1.500 personas están vinculadas, directa o indirectamente con la minería. Un ejemplo son los administradores de las ferreterías quienes dotan de insumos para el extractivismo o los trasportistas quienes movilizan a los mineros dentro y fuera de Buenos Aires. En la operación militar de hoy, aproximadamente 100 viviendas fueron destruidas, ya que no cuentan con documentación que legalice su asentamiento.
Buenos Aires en Resistencia
Los habitantes de La Merced de Buenos Aires exigen que se detenga la presencia de la empresa minera Hanrine en la zona. Desde marzo de 2023, el gobierno no ha tomado medidas efectivas, a pesar de que se han realizado desalojos por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se ha encontrado una solución real a la problemática de la minería ilegal, que también está ligada a otros negocios ilegales como la trata de personas, financiamiento a grupos irregulares, alcoholismo y venta de drogas. Además, se han registrado accidentes laborales en los que los mineros han perdido extremidades o incluso la vida.
Según Yuli Tenorio, Defensa Técnica del GADPR La Merced de Buenos Aires y del Colectivo Ciudadano BUPROE, el impacto ambiental es grave debido a que no solo se extrae oro, sino que también se procesa utilizando elementos altamente contaminantes como el cianuro y el mercurio. “Hemos perdido el río Lita”.
La abogada, quien también es coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para Vigilar el Cumplimiento de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en relación con los procesos mineros en todas sus fases, señala la difícil situación que atraviesan, la cual trasciende las amenazas de grupos armados. Además, destaca la falta de apoyo estatal, ya que se deslegitima la lucha de la comunidad. Menciona que lleva más de un año sin que la Defensoría del Pueblo responda al llamado para inspeccionar el sitio, a pesar de que existe una clara vulneración de los derechos de los pobladores, especialmente de niños y mujeres. En la zona no hay escuelas cercanas ni subcentros de salud, y hay una gran cantidad de prostíbulos y licorerías.
La empresa minera Hanrine
Los Bonarences Unidos Protegiendo el Ecosistema, en sus siglas BUPROE señalan que la empresa minera Hanrine se beneficia del conflicto socioambiental generado por la minería ilegal, debido a la omisión del Viceministerio de Minas de no inscribir sus concesiones en el Registro Minero de la Coordinación Zonal Imbabura. Los pobladores exigen el desalojo inmediato de los frentes de mineros ilegales, los GDOs y los grupos armados en la comunidad El Triunfo, ubicada sobre las concesiones mineras IMBA01 e IMBA02, otorgadas de forma inconsulta a la empresa minera Hanrine (Hancock Prospecting). En estas concesiones operan las minas ilegales “Vieja”, “Nueva” y “El Olivo”, así como la “ciudad de plástico” y el Centro Poblado de La Merced de Buenos Aires.
Tenorio señala que el operativo de control fue solicitado por Lucía Chizaiza, presidenta del GAD Parroquial de Buenos Aires, quien ha recibido amenazas por parte de los GDOs y amedrentamientos por parte de entidades gubernamentales. La respuesta de la alcaldía de Urcuquí fue el envío de las Fuerzas Armadas para controlar la zona, pero aún desconocen por cuánto tiempo durará este control. Los pobladores piden que sea una medida permanente, ya que temen represalias contra sus vidas y las de sus familias.
La defensa Legal de BUPROE exhortan al Gobernador de Imbabura, Sebastián Echeverría, a evitar que la empresa Hanrine ingrese a la zona y a tomar una postura firme sobre la minería en Imbabura. Mientras tanto, los pobladores seguirán en vigilia, aunque eso signifique amenazas constantes en contra de su vida.
