Este 21 de julio la organización Human Rights Watch publicó un informe de 105 páginas, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, el cual documenta cuatro incidentes que involucrarían graves violaciones de derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, abusos, tortura y presuntas desapariciones forzadas, dentro del contexto de alianza en material de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, señalando que se trata de una alianza peligrosa.
“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Según el informe ambos gobiernos “han adoptado medidas para socavar las garantías de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y han cometido actos ilegales” bajo la justificación de una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país como un conflicto armado.
“Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos”, señaló Goebertus.
Incidentes que dejan varias interrogantes
La organización señaló que los cuatro incidentes o se vinculan a la alianza entre ambos países “o plantean interrogantes sobre su responsabilidad que ninguno de los dos gobiernos ha respondido adecuadamente”.
El informe se basó en 62 entrevistas, realizadas a víctimas, abogados, testigos, familiares, funcionarios gubernamentales, periodistas, miembros de la Alianza por los Derechos Humanos y toda persona con información directa de cada caso. Se revisaron y analizaron documentos médicos y judiciales, además de las declaraciones de ambos gobiernos, fotografías, videos, entrevistas, imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones, detección de incendios, entre otros materiales “para corroborar los relatos de los testigos, evaluar las circunstancias de cada caso y reconstruir la cronología de los hechos”.
El primer incidente se remonta a marzo de 2026, entre el 1 y 6 del mes, en una operación militar en la zona fronteriza con Colombia, San Martín, que termino con la detención de cuatro trabajadores de una finca lechera, el incendio de tres propiedades y dos de ellas atacadas con municiones desde el aire. A lo que las autoridades ecuatorianas aseguraron que el objetivo era el grupo armado Comandos de la Frontera y que las detenciones eran para la investigación. Sin embargo, la organización determinó que los cuatro detenidos no tenían antecedentes penales ni hubo pruebas en su contra para formular cargos. Además de que ninguna de las propiedades afectada tenía relación alguna con grupos de crimen organizado.
Los cuatro trabajadores fueron detenidos arbitrariamente y fueron torturados por las fuerzas ecuatorianas. Uno de los trabajadores contó que fue torturado con electricidad hasta el punto de haberse desmayado dos veces.
Entre los otros incidentes está el ataque contra las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca en el Pacífico entre enero y marzo de 2026, y la desaparición de la embarcación Fiorella junto con ocho tripulantes.
Las primeras dos fueron atacados por drones el 17 y 26 de marzo, según los tripulantes. Los sobrevivientes señalaron que fueron detenidos por miembros de la fuerza estadounidense y más tarde fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador, donde las autoridades les permitieron regresar a Ecuador. Cuatro tripulantes regresaron con heridas graves por los ataques con drones.
El informe señala que el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad contra dichos ataques y desaparición, pero según esta investigación “lo más probable es que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación en estos ataques o hayan tenido conocimiento de ellos”.
De esta forma, las preguntas sobre el paradero de la embarcación Fiorella y los otros ataques continúan sin respuestas, “a pesar de los extensos esfuerzos de verificación y de las múltiples solicitudes de información a las autoridades de Ecuador y Estados Unidos”.
Crisis que dio paso a la alianza
El informe describe el deterioro de la seguridad en Ecuador como «uno de los colapsos de seguridad más dramáticos de América Latina en décadas». Según Human Rights Watch, el país pasó de registrar 1.189 homicidios en 2019 a cerca de 9.200 en 2025, donde la respuesta del Estado ante esta crisis solo ha incrementado los reportes de violaciones de derechos humanos.
La escalada de violencia también se reflejó en los datos de Arned Conflict Location Event Data (ACLED), según los cuales en 2025 alrededor del 71 % de la población ecuatoriana vivía a menos de cinco kilómetros de enfrentamientos, explosiones o ataques. A esto se sumó el aumento de hechos de violencia extrema, como decapitaciones, desmembramientos y coches bomba, difundidos por medios de comunicación, organizaciones sociales y autoridades. El informe advierte que estas situaciones han derivado en amenazas, atentados y asesinatos contra quienes investigan o denuncian estos hechos, entre ellos fiscales, jueces, periodistas y políticos.
Ecuador, añade, se consolidó como un “un centro estratégico de tránsito y logística para las drogas destinadas a América del Norte y Europa”, con presencia de carteles mexicanos, redes criminales albanesas, la mafia italiana y grupos armados colombianos.
La organización señala que la disputa entre las dos principales bandas criminales, Los Choneros y Los Lobos, por el poder y control de rutas del narcotráfico, mercados ilícitos y centros penitenciarios derivó en las masacres carcelarias registradas entre 2021 y 2024. Además, estos grupos ampliaron sus fuentes de financiamiento mediante extorsiones, secuestros y minería ilegal.
En este contexto, Estados Unidos se convirtió en un socio importante para Ecuador, “proporcionando equipos, capacitación, inteligencia y, más recientemente, apoyo militar”. Tras asumir la presidencia en noviembre de 2023, Daniel Noboa mantuvo la estrategia de priorizar la seguridad en el país. El 8 de enero de 2024 declaró un estado de excepción y al día siguiente reconoció la existencia de un conflicto armado interno, catalogando como organizaciones terroristas a 22 grupos criminales y ordenando el despliegue de las fuerzas armadas.
El documento señala que la emisión de 28 decretos ejecutivos entre enero de 2024 y junio de 2026 por el presidente Noboa para combatir al crimen organizado terminó debilitando las garantías de los derechos humanos en el país.
Human Rights Watch sostiene que, aunque las autoridades incrementaron las detenciones y las incautaciones de droga, la violencia no disminuyó y aumentaron las denuncias por violaciones de derechos humanos. El informe documenta presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas desde la declaratoria del conflicto armado interno, además de cuestionar la falta de fortalecimiento del sistema de justicia y las condiciones en las que trabajan jueces y fiscales frente al crimen organizado.
Preocupación sobre derechos humanos
El informe indica que existe una preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos, funcionarios de cooperación internacional y miembros del Congreso de Estados Unidos, por la falta de salvaguardias o mecanismos de supervisión relacionados a derechos humanos, puesto que el Estado ecuatoriano “ha adoptado una actitud cada vez más hostil hacia los defensores de los derechos humanos y las organizaciones que han criticado su estrategia de seguridad”.
Además, señala que las fuerzas ecuatorianas “han enfrentan señalamientos creíbles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias”. Lo que pone en cuestionamiento la capacitación, equipos y apoyo operativo proporcionado por Estados Unidos, especialmente por la “Ley Leahy”, la cual “prohíbe por regla general que los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos proporcionen asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras si el gobierno cuenta con información creíble de que estas han cometido graves violaciones de derechos humanos”.
Además, la cooperación entre ambos países en materia de seguridad “se produce en un contexto de cambios más amplios del sector defensa estadounidense que han debilitado las salvaguardias destinadas a limitar el uso de la fuerza y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”.
