Comisiones legislativas en pugna en relación a la competencia de dar tratamiento a las vulneraciones de derechos humanos suscitadas durante el Paro Nacional, particularmente en Imbabura.
En el marco del Paro Nacional que lleva ya 10 días, estalló una disputa parlamentaria que evidencia tensiones institucionales entre la Comisión de Seguridad Integral y la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos e Interculturalidad.
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad sesionó el 30 de septiembre de 2025, luego de receptar varias denuncias sobre vulneraciones de derechos en el contexto del Paro Nacional.
En dicha sesión, se resolvió por unanimidad iniciar un proceso formal de fiscalización sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las movilizaciones.
Acorde al comunicado de la Asamblea Nacional, el alcance de este proceso de fiscalización incluirá denuncias relacionadas con manifestaciones en Cotacachi y Otavalo, y también abordará el caso del comunero indígena Efraín Fueres, cuyo Asesin4to fue registrado en Imbabura en el contexto de las protestas.
Los testimonios de dirigentes indígenas y representantes sociales de Otavalo, Cotacachi expusieron sus relatos y denuncias sobre uso de fuerza excesiva, militarización, criminalización, ataques con armas letales, difamación, implantación de terror y el terror sicológico que eso causó en todas las comunidades kichwas de Cotacachi y de Otavalo ubicadas en las zonas donde se reportaron los hechos de violencia estatal.
Las personas que testificaron estos hechos pidieron además la liberación inmediata de quienes fueron detenidos arbitrariamente durante el paro y repudiaron la ejecución de Efrain Fueres quien hubiere sido ejecutado en manos del Estado.
Como parte del proceso se recogieron testimonios y la comisión se comprometió a realizar un informe de resultados, el mismo que será presentado a la Procuraduría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo.
La Comisión de Seguridad Integral pretende tirar por la borda estas resoluciones aduciendo que es ésta la idónea para investigar hechos violentos, derivados de las manifestaciones. Un argumento que expone para ello es que se trata de fuerzas de seguridad del Estado y actos de orden público de su competencia.
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad, en cambio observa la presunta violencia perpetuada: violaciones de derechos humanos — uso excesivo de la fuerza, vulneraciones de garantías individuales, afectación a víctimas, procesamientos arbitrarios — desde los testimonios vivos de los manifestantes, familiares, líderes o personas que los presenciaron o vivieron directamente, mismos que que conforme a lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deben ser investigados.
María Verónica Íñiguez, según lo expresado en El Universo afirma que no están investigando actos de seguridad del Estado sino posibles vulneraciones de derechos, un terreno distinto al que maneja la comisión de Seguridad.
Todo se resume en una disputa partidista que pretende invisibilizar lo que está sucediendo en el país, la comisión de seguridad omitiendo el enfoque de derechos humanos y la de derechos constitucionales, un poco más consciente, poniendo el acento en las presuntas vulneraciones suscitadas por parte del estado, considerando lo que establecen los tratados Internacionales, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Los testimonios que se presentaron en la sesión de la Comisión de Derechos Constitucionales fueron claves para que el Pueblo Ecuatoriano comprenda más a fondo la dimensión de lo que está sucediendo en el país. Se denunció ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, amedrentamiento, intimidación y terror sicológico.
La Comisión de Garantías Constitucionales tendrá un tiempo para convocar a expertos en materia de derechos humanos y recibir testimonios de víctimas y dirigentes indígenas para estructurar el informe, que será entregado a la Procuradoría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo.
Mientras tanto y, muy seguramente el estado desplegará su aparataje político para intentar derivar a la cabeza de la Comisión de Derechos Constitucionales o deslegitimar el trabajo de la misma.
Texto: Colaboración de A.Y.
