Tres campesinos sentenciados a prisión por su labor como defensores de derechos de la naturaleza, la defensa contraria, relacionada a una minera, aduce haber cometido el delito de violación a la propiedad privada. La sentencia fue emitida el 11 de febrero.
La Comisión Ecuatoriana de los Derechos Humanos (CEDHU) expresa su preocupación ante la decisión tomada por el tribunal, que condenó a tres defensores de derechos humanos sin que existieran pruebas que demuestren su participación en los hechos analizados. Durante la audiencia, los peritos de reconocimiento del lugar y los de audio y video indicaron que las personas involucradas en los incidentes tenían los rostros cubiertos, y no fue posible identificar a los acusados ni siquiera describir sus vestimentas o características físicas. Además, no se presentó ninguna pericia de identidad humana que confirmara la presencia de los acusados en el lugar de los hechos.
Un hecho relevante que surgió durante el proceso fue que la acusadora particular admitió en su testimonio que su hijo trabaja para la empresa Curimining S.A. De manera coincidente, los abogados de los acusadores particulares en este caso también representan a la mencionada empresa en otros procesos judiciales, lo que ha generado sospechas sobre una posible estrategia de Curimining para criminalizar a los defensores de derechos humanos que se oponen a la imposición de proyectos mineros a cielo abierto.
La CEDHU destaca la omisión del Estado en desarrollar políticas públicas eficaces para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, lo que permite el abuso del derecho penal en este tipo de casos. La organización hace un llamado a los jueces para que analicen los casos de manera imparcial, protegiendo los derechos humanos y respetando la normativa nacional e internacional sobre la materia.
La CEDHU también anuncia su intención de apelar la decisión y denunciar las irregularidades cometidas durante el proceso ante organismos internacionales. Además, solicita la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Relatora Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos, con el fin de que se dé seguimiento a los casos de criminalización que afectan a los defensores en el país, y que parecen evidenciar un patrón sistemático de violación de derechos y abuso de poder por parte de las empresas.
