La Corte Constitucional del Ecuador no tiene facultad para dictaminar la veracidad de las acusaciones contra el presidente Guillermo Lasso
Si los grupos legislativos de oposición al presidente Guillermo Lasso superan los requisitos legales y envían su solicitud de juicio político a la Corte Constitucional (CC), este órgano revisará tres aspectos de cumplimiento. Sin embargo, no tendrá la facultad de pronunciarse sobre la veracidad de las infracciones ni sobre la responsabilidad del presidente en cuestión.
Según lo establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), la CC no tiene competencia para evaluar si las infracciones y la responsabilidad del presidente están probadas. Este artículo establece que en los casos de juicio político y votos de destitución, la CC no puede pronunciarse sobre estos aspectos.
El 16 de marzo de 2023, los grupos de oposición, como UNES, el PSC y sus aliados, presentaron una solicitud de interpelación contra el presidente Guillermo Lasso. Esta solicitud contó con 59 firmas de respaldo, superando las 46 requeridas.
El documento de 55 páginas argumenta el procedimiento basándose en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, que menciona la posible comisión de delitos como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito por parte del presidente.
Específicamente, se acusa al presidente de cometer los delitos de concusión y peculado en la administración de Petroecuador, Flopec y Emco EP. Si la solicitud no cumple con todos los requisitos legales, se dará un plazo de tres días para que los solicitantes completen la solicitud. Si no se completa en ese periodo, se archivará de inmediato.
En el proceso de control de la acción de gobierno, la Corte Constitucional intervendrá en dos momentos. En primer lugar, emitirá un dictamen de admisibilidad para dar inicio al juicio político contra el presidente. Luego, emitirá un dictamen sobre la destitución del presidente.
Los hechos que fundamentan la solicitud de juicio político por parte de los grupos de oposición están relacionados con los audios difundidos por La Posta, un portal digital. Estos audios involucran a personas cercanas al presidente y sugieren la posible comisión de actos de corrupción en las empresas públicas en relación con el nombramiento de autoridades.
Se menciona a Hernán Luque Lecaro, expresidente de Emco EP, quien se identifica como una persona cercana a Guillermo Lasso y que trabajó durante 23 años como directivo en el Banco de Guayaquil. Se le acusa de solicitar pagos considerables a cambio de ubicar a personas en cargos dentro de las empresas públicas. Se afirma que Lasso conocía, consentía y participaba en estas acciones, lo que configuraría el delito de concusión.
En relación al delito de peculado, se responsabiliza al presidente por permitir la existencia de una estructura de corrupción en Flopec y Emco EP, que perjudicó las finanzas del Estado. Se menciona que el presidente conocía y consintió contratos perjudiciales para el Estado, a pesar de que existían informes de la Contraloría General del Estado que advertían sobre estas irregularidades.
Redacción: Carlos López
