El 31 de mayo del 2023 entra en vigencia el Decreto 754 promulgado por el Presidente Guillermo Lasso, pocos días después de la muerte cruzada y, a pocos días de que las elecciones anticipadas ocurran. Este decreto es una reforma el Reglamento al Código del Ambiente.
El solo hecho de que surja en este contexto ya es una alerta. ¿Qué pretende el ejecutivo a través de este decreto?
Su propósito está claro: Abrir los caminos a las compañías mineras y petroleras para que se descongestionen los procesos de licencia ambiental y éstas puedan operar.
A decir de Mario Melo éste pretende regular el ejercicio del Derecho constitucional, saltándose los procedimientos establecidos para ello que es vía ley orgánica.
Por otro lado, según el especialista éste regula los derechos de pueblos y nacionalidades sin el aval de dichos pueblos, sino vía imposición, violentando los procesos establecidos en el Convenio 169 de la OIT que establece que los Gobiernos deberán consultar a los pueblos mediante los procedimientos apropiados frente a medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles (OIT, 1989, art. 6). A través del proceso de consulta previa se busca garantizar la protección de la integridad cultural, social y económica de los Pueblos, y esto no puede pasarse por alto.
Este decreto se sustenta en la confusión del mandatario, pues al parecer éste no tiene claridad, confunde lo que establece el art. 398 de la constitución “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad a la cual se le informará amplia y oportunamente…” con lo que consta en el art. 57 numeral 7 de la constitución “se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (…) (CRE, 2008, art. 57). Ya Mario Melo y Leonidas Iza hablan de este disvarío.
Varias comunidades del Cantón Sigchos de Cotopaxi: Las Pampas, La Florida, Galápagos, Palo Quemado, Las Naves han manifestado también públicamente su oposición frontal a este decreto en el que el Estado toma las riendas para decidir e imponer la presencia de las mineras en los territorios incumpliendo las garantías y parámetros de Consulta establecidos constitucionalmente, pero ignorados a través del Decreto 754. Este es considerado por las comunidades como inconstitucional. Así lo expresan y piden su derrogatoria en el Mandato por la defensa de la vida, el agua y la naturaleza entregado al estado.
Diario La Hora, hace hincapié a las Minas Curipamba (Bolívar) y La Plata (Cotopaxi) como las que están en la fila para empezar sus operaciones que estarían algo mejor garantizadas por este decreto, pues minimiza el proceso de consulta previa. Así mismo la Compañía Curimining, la Atico Minning, Gold Reycoro y otras tantas que serían las beneficiadas con el 754.
La verdadera intención por parte de Lasso se ve reflejada en las acciones violentas que sucedieron el 9 de julio en Palo Quemado, Cotopaxi en donde la fuerza pública quiere imponer la aparente Consulta Ambiental sustentada en el decreto y utilizando la fuerza. Militalizar para imponer una consulta no avalada por la ciudadanía por las inconsistencias jurídicas que la sostienen es definitivamente un indicador más de que se quiere pasar por encima del Pueblo, por encima de la Constitución, por encima de los derechos humanos.
La misma Iglesia ha tenido que pronunciarse al respecto y denunciar el abuso de poder, la generación de tensión y miedo en las localidades de Palo Quemado por parte de policías y fuerza pública y exigir su retiro inmediato. Monseñor Geovanny Paz, Obispo de la Diósesis de Latacunga, en una carta presentada el 11 de julio del 2023, luego de que se sucedieran los hechos violentos, demanda a las autoridades un cese a la represión y pide detener los abusos, la violación a los derechos humanos, a los derechos comunitarios, a los derechos de la naturaleza. Hace un llamado a privilegiar la vida y el futuro de las nuevas generaciones.
Como se ve, las organizaciones sociales e incluso la iglesia se oponen a este Decreto, pero muy seguramente las compañías mineras y las empresas extractivas en general, lo aplauden. La CONAIE el 13 de junio presentó una demanda de inconstitucionalidad del mismo y dice que éste va en contra de la constitución, en contra de las leyes y habla de políticas aperturadas para las empresas transnacionales. Leonidas Iza insta a los ciudadanos a defender el agua, el territorio, la naturaleza, habla de no privilegiar la economía de la muerte y valorar la economía campesina que es la que está dando vida a toda la población. Exige además a la Corte Constitucional una respuesta acorde a los derechos colectivos y de la naturaleza.
El Frente Nacional Antiminero y varios colectivos y organizaciones también se expresan vía Mandato Popular por un país libre de minería para que se derroque este decreto, para que suspendan las actividades mineras y se respeten los derechos colectivos y el derecho a la Consulta LIBRE, previa e informada consagrada en los art. 56 y 57 de la Constitución. Y el Padre Geovany Paz se hace la pregunta ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucederán, a los niños que están creciendo?
Pero esto, al parecer, es algo que el Estado y las empresas extractivas pretenden oscurecer desde una claridad aparente, desde un decreto mañoso.
