Los Decretos Ejecutivos; el 110 que declara el estado de excepción en todo el territorio nacional y el 111 que le pone nombre al conflicto interno como conflicto armado interno, son armas de doble filo.
El 111 a más de validar una guerra, le da un estatus a los grupos delincuenciales, que es preocupante. Ningún país latinoamericano en iguales o peores condiciones a caído en este error.
Es conocido ya que en tiempos de crisis, los estados hacen uso del estado de excepción, como patada de ahogado, ante una situación que se les sale de las manos y ante la cual no tienen respuestas sólidas que devuelvan el orden al país. Además lo utilizan como paraguas para ocultar una realidad o promover una acción política determinada. Parecería que es la única medida que sacará al país de la crisis, pero está por demás decir que no es así. Impedir la libre circulación de las personas, imponer el uso de la fuerza, permitir allanamientos, detenciones, militarizar el país no es ninguna garantía de seguridad, menos aun de cambio.
El problema que enfrenta el país está asociado a la incursión de las mafias del narcotráfico en las estructuras de poder y no es una novedad. La muerte del candidato a la presidencia y periodista de investigación Fernando Villavicencio, dejó en claro que somos presas de un narcoestado y sus denuncias al respecto no hicieron más que agitar las aguas y provocar su asesinato. Si es verdad la tesis de que bandas criminales estaban inmersas en el Estado y sus estructuras, cualquiera que intentara informar y actuar al respecto, iba a ser sacado del camino.
Las 4800 muertes violentas del 2023 es una cifra que afianza esta tesis. El asesinato sistemático de políticos en varias provincias del país la confirma.
No es normal esta escalada de violencia y no es normal un silencio cómplice que reinó durante años. No existió un Plan de seguridad nacional pese a las alertas que varios especialistas en el tema realizaron. Las economías ilícitas se enquistaron en lo más profundo del tejido nacional.
Según el analista Hugo Marcelo Espín los actuales operadores de justicia tienen severos cuestionamientos en su accionar relacionados especialmente con el abuso de medidas alternativas a la prisión preventiva, mismas que la delincuencia organizada aprovecha para acogerse a éstas y salir en libertad. Habla de un problema estructural y es evidente que lo venimos arrastrando desde décadas. Se atribuye gran parte del problema al control estructural que el COT Crimen organizado transnacional tiene en el país, relacionado con lavado de activos, tráfico de armas, tráfico y explotación de personas, minería ilegal y otros delitos.
Las cárceles en el país afrontan una crisis sin precedentes atravesada por la corrupción del sistema carcelario, la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la dependencia económica de las personas privadas de libertad de su familia para poder sobrevivir, la sobrepoblación y el hacinamiento. (La crisis del sistema penitenciario en el Ecuador, Jorge Núñez Vega).
Como se comprueba, la corrupción, desde las estructuras de poder está inmersa en todos los ámbitos de la política nacional. Así las estructuras de justicia, las cárceles e incluso el legislativo, el sistema de justicia están condicionadas por la presencia en su interior directa o indirectamente de las grandes mafias del COT.
Los decretos emitidos por el ejecutivo, son armas de doble filo, primeramente porque no resuelven el problema estructural. Están direccionados a combatir el crimen organizado, como si éste estuviera solamente en las cárceles, sin considerar que está inmerso en las mismas estructuras de poder. Entrega el poder a las fuerzas armadas y policiales que sabemos que, en comparación con las grandes mafias, no pueden enfrentar un desafío armado de esa naturaleza, ni tienen la mesura para hacerlo, considerando los derechos en materia humanitaria. Ponen a la ciudadanía en la mitad de una guerra que puede ser un paraguas para que las mismas mafias atemoricen al país y se establezcan con más salvoconductos.
Las manifestaciones de violencia en el país son preocupantes en la medida que dejan en claro que las mafias dominan territorios. Pero lo que no se ve, es que las mafias están más cerca del poder de lo que pensamos.
Darle el poder a los militares y creer el cuento de que por esta vía se resuelve la crisis es una inocentada. Una guerra no es un juego, pero, al parecer para el Presidente Noboa es tan simple como eso.
Es necesario apagar la televisión y reflexionar sobre lo que sucede en el país, no solo aplaudir los decretos ejecutivos y hacerle la venia a un estado que muy probablemente está salpicado por el COT.
Escrito por: Ankuyariy
Fuentes:
Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses, Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/
Ecuador Narcoestado, Plan V, Septiembre 2023, https://www.planv.com.ec/historias/analisis/ecuador-narcoestado-una-realidad
Caso metástasis vincula a 8 personas en el proceso, Boletín Fiscalía General del Estado: https://www.fiscalia.gob.ec/caso-metastasis-fiscalia-vincula-a-8-personas-al-proceso/
Ecuador, narcoestado una realidad, https://www.planv.com.ec/historias/analisis/ecuador-narcoestado-una-realidad
Personas privadas de libertad en E cuador 2022, Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf
Núñez Vega, Jorge. La crisis del sistema penitenciario en Ecuador (Tema central). En: Ciudad segura. Programa de Estudios de la Ciudad, Quito: FLACSO sede Ecuador, (n. 01, enero 2006): pp. 4-9.
