La Comunidad Ancestral de Salango, ubicada en la provincia de Manabí, alza su voz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Guatemala, exigiendo justicia por más de 20 años de despojo territorial. Este 20 de mayo se llevará a cabo la audiencia pública del caso Salango vs. Ecuador durante el 176° Período Ordinario de Sesiones de la Corte.
El contexto de este caso se remonta entre los años 2000 y 2004, cuando la comunidad enfrentó un grave desafío al ser despojada fraudulentamente de 34,32 hectáreas de propiedad colectiva por un ciudadano suizo. Este individuo actuó a través de la empresa Inmobiliaria Tocuyo S.A., con el fin de desarrollar un proyecto turístico que finalmente no se concretó.
El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por no proteger adecuadamente la propiedad ancestral de la comunidad de Salango, un pueblo manteño-huancavilca ubicado en Puerto López, provincia de Manabí. Esta situación se enmarca en un proceso de compraventa de territorios llevado a cabo entre la comunidad y un empresario extranjero. En este sentido, se señala que la ausencia de una normativa adecuada obligó, presuntamente, a la comunidad de Salango a inscribirse como comuna, cuando en realidad debía ser protegida bajo las normativas constitucionales aplicables a los pueblos indígenas.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en su Informe de Fondo que el Estado ecuatoriano debió garantizar el respeto por las modalidades tradicionales de transmisión de derechos sobre la tierra. La inscripción del territorio de la comunidad en favor de un tercero habría causado la privatización de los caminos ancestrales que conectan a la comunidad con el mar, impidiendo que sus integrantes pudieran realizar actividades tradicionales como la pesca, la recolección de mariscos, el buceo, entre otras, fundamentales para su subsistencia. La Comisión indicó que tal situación habría vulnerado los derechos culturales de la comunidad de Salango, así como su derecho a administrar y conservar sus tierras, ya que la protección de la naturaleza está en armonía con el estilo de vida de los pueblos indígenas y puede ser asumida por ellos mismos.
