Organizaciones indígenas y sociales alertan a la OIT sobre retrocesos en derechos colectivos en Ecuador
Una extensa coalición de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y sociales presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe que examina el cumplimiento del Convenio 169 en Ecuador. El documento, de 137 páginas, reúne casos, testimonios y análisis que, según las organizaciones, evidencian diversas formas de vulneración a los derechos colectivos reconocidos en este tratado internacional.
El texto sostiene que, en los últimos años, se ha configurado un contexto desfavorable para la protección de los territorios y la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades. Las organizaciones denuncian que múltiples proyectos económicos —incluidos emprendimientos extractivos, petroleros, mineros, hidroeléctricos y agroindustriales— avanzan sin procesos adecuados de consulta previa, libre e informada. De acuerdo con el informe, los procedimientos aplicados por las autoridades se limitan a reuniones informativas de bajo estándar, que no garantizan deliberación ni consentimiento, contraviniendo directamente el marco normativo del Convenio 169.
Además, el documento expone una serie de situaciones vinculadas al manejo gubernamental de la protesta social. Las organizaciones señalan que, durante distintas movilizaciones, se registraron detenciones, procedimientos judiciales y operativos que consideran represivos, afectando el derecho a la resistencia y la libertad de organización. También advierten que recientes normativas incrementan la injerencia estatal en la vida interna de las organizaciones, debilitando su autonomía y su capacidad de actuación colectiva.
Para las entidades firmantes, estos hechos reflejan un deterioro persistente en la garantía de los derechos colectivos, tanto aquellos previstos en la Constitución ecuatoriana como los establecidos en el Convenio 169. Con la presentación del informe, buscan que la OIT inste al Estado a corregir estas prácticas y a fortalecer mecanismos que aseguren la participación real, el respeto territorial y la vigencia plena de los derechos de los pueblos que habitan el país.
El informe fue preparado por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), con apoyo del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo (CIDDT), Amazon Frontlines, Amazon Watch, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Acción Ecológica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y quince organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
