“Es muy revelador que, dentro de las instituciones involucradas en estos 183 reportes de violaciones de derechos humanos, sean las Fuerzas Armadas las mayormente implicadas.
Esto es muy grave, porque en contextos de manifestaciones las Fuerzas Armadas no tienen un rol ni constitucional ni convencional. Esto quiere decir que se viola no solamente la Constitución, sino también los estándares internacionales de derechos humanos. El uso de las Fuerzas Armadas en manifestaciones debe ser el último recurso; una posibilidad extraordinaria que debe estar controlada y fiscalizada.
Aquí lo que ocurrió fue que, ante el anuncio de manifestaciones, se dictó un estado de excepción preventivo, cuando aún no existían hechos que justificaran la utilización de las Fuerzas Armadas. Actualmente, estas fuerzas se encuentran, sobre todo, en territorios indígenas y rurales, y eso es sumamente grave, porque las Fuerzas Armadas ven a las personas como su enemigo; no las ven como ciudadanos y ciudadanas con derechos que deben respetarse. Los derechos son un límite para ellas.
También es revelador que, ante el inicio de las manifestaciones, comandantes en la zona de Imbabura señalaran en la televisión local que no solamente estaban presentes los batallones del lugar, sino que habían recibido apoyo de batallones del Napo y de Pastaza: batallones entrenados en combate en selva y en contrainsurgencia. Esto, en contra de población indígena levantada contra una medida inconstitucional que eliminó el subsidio a los combustibles.
La decisión del presidente de eliminar el subsidio, primero, faltando a su palabra, y segundo, contradiciendo los estándares internacionales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales —que obligan a los Estados a hacer una evaluación del impacto de este tipo de medidas en la población más vulnerable y, además, a consultar con esa población y tomar decisiones de forma consensuada para que los impactos no sean tan graves—, afectó.
Entonces, si se utilizan Fuerzas Armadas especializadas en selva y contrainsurgencia contra población indígena que está reclamando sus derechos —y también población urbana—, esto acarrea una afectación a los derechos constitucionales, en principio, al derecho a la integridad física y mental de la población.
Queremos destacar algunos testimonios que recibimos como Alianza, luego de que este “convoy” humanitario de más de 100 carros incursionara en Imbabura, después del ataque que recibió la población el 27 y 28. La población estaba aterrorizada: niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad de varias comunidades indígenas tuvieron que, por el terror, pernoctar esa noche de frío en quebradas y bosques, porque temían un ataque como el ocurrido en la mañana de ese día y en la noche anterior.”
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Vivian Idrovo, de la Alianza de Derechos Humanos, en la Rueda de Prensa de UNORCAC, 3 de octubre de 2025.
