La resistencia contra la minería en Intag se mantiene en pie.
Este jueves 28 de mayo de 2026, a través de una rueda de prensa, se dio a conocer la situación actual que viven las comunidades de Intag, en Cotacachi, frente a las actividades mineras en la concesión Martha Beatriz, operada por la empresa minera Semperterra.
Dos nombres, una misma empresa
Semperterra es el nuevo nombre de la empresa anteriormente conocida como Terraearth, la cual cuenta con antecedentes de daños ambientales en la provincia de Napo, especialmente en el río Chumbicayu, por lo que su licencia ambiental fue suspendida.
Dicha suspensión fue notificada por la Coordinación Zonal Norte del Ministerio de Energía y Minas en mayo de 2025, tras un informe del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que reflejaba incumplimientos normativos y un manejo inadecuado durante la ejecución del proyecto minero Tena, donde Terraearth estaba a cargo de cuatro concesiones.
Pese a las medidas correctivas impuestas, la empresa, ahora llamada Semperterra, ingresó a la zona de Intag en diciembre de 2025, siete meses después de la suspensión.
Denuncian afectaciones ambientales y amenazas
Actualmente, solo en la zona de Intag existen 25 concesionarias mineras, según Carlos Zorrilla, miembro de la DECOIN, quien explicó que estas no solo abarcan hectáreas de bosques, sino también comunidades enteras y cuencas hidrográficas. Durante la operación de Semperterra, el material pétreo ya habría provocado afectaciones en las vertientes y en el río Naranjal.
Felipe Arteaga, presidente de la agrupación Gran Naranjal, señaló que una de las medidas tomadas para defender el territorio ha sido impedir el ingreso de diésel a la zona, evitando así que la empresa continúe con sus actividades.
Asimismo, informó que varios dirigentes del Frente Nacional Antiminero han sido víctimas de amenazas y agresiones. Entre las denuncias constan el bloqueo de cuentas, procesos judiciales por su participación en la defensa del territorio y amenazas relacionadas con la presunta presencia de grupos de delincuencia organizada en la zona para poder continuar con las actividades mineras.
Además, señaló que, tras una inspección, se habría determinado que la empresa Semperterra estaría actuando de manera ilegal. Frente a esto, hicieron un llamado a fortalecer la mancomunidad integrada actualmente por alrededor de 400 familias, lo que representa cerca de 2000 personas, con el fin de defender y proteger la zona oriental de la Reserva Cotacachi Cayapas.
Un escenario que trasciende Intag
La situación que enfrentan las comunidades de Intag ocurre en un contexto más amplio. Según una investigación realizada por Plan V, entre 2017 y 2024 se registraron aproximadamente 1977 denuncias por actividades mineras ilícitas en Ecuador, siendo Imbabura la provincia con el porcentaje más alto, al concentrar el 22% de los casos.
