El martes 20 de febrero, dos líderes (defensores) de la Comunidad Tseipi de la Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE) perdieron la vida al ser atacados con armas de fuego en el sector Camarones de la comunidad Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.
Desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19, las violaciones al territorio de la FECCHE se han intensificado. La actividad extractiva, la contaminación por plantaciones de palma africana y balsa, la deforestación ilegal, la usurpación de tierras y la realización de actividades mineras ilegales han incrementado.
A pesar de las órdenes judiciales de 2011 que prohibían la minería en ciertos cantones, la extracción de oro ha aumentado, causando incluso la muerte de personas en noviembre de 2020, debido a un deslizamiento de tierra causado por actividades mineras ilegales en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
La falta de acciones efectivas por parte de los organismos de Estado para detener la minería ilegal es alarmante. La inoperancia del sistema de justicia y de las carteras de estado relacionadas directamente con el tema es parte del conflicto. Pese a que el mismo gobierno ha reconocido que la minería es una importante fuente de financiamiento para grupos delictivos, ésta se practica de forma ilícita en los territorios. Hay un presunto vínculo entre este tipo de actividad y el ataque perpetuado a los defensores del pueblo Chachi que acabó con sus vidas.
El 70% del oro que exporta el Ecuador es de origen ilegal, sin embargo, tanto la minería ilegal, la extracción de oro y su comercialización no tiene trabas.
La alianza de organizaciones de derechos humanos denuncia la falta de medidas para erradicar la minería legal e ilegal en los territorios, la ausencia de políticas que eviten la legalización del oro extraído ilegalmente y ponen en alerta al país sobre estos hechos violentos que vulneran el derecho fundamental a la vida y alteran la armonía en los territorios.
En el contexto de Conflicto armado interno, la responsabilidad de los organismos del Estado para garantizar la vida es fundamental. En el comunicado emitido por las organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos se exige a los distintos organismos de Estado:
- Investigación y sanción a los responsables del ataque a los dos defensores Chachis, aplicando estándares internacionales relativos a la protección reforzada a las personas defensoras.
- Cumplir lo ordenado en el proceso judicial No 08256-2011-0058 y sancionar a los operadores judiciales que no garanticen el cumplimento de sus propios fallos.
- La suspensión de actividades mineras en ríos y fuentes de agua en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo.
- La identificación y sanción a todos los funcionarios que han incumplido las órdenes judiciales y su denuncia a la Fiscalía.
- Cumplimiento a la Defensoría del pueblo y la Fiscalía con su deber de proteger la vida y la integridad de las personas defensoras.
- La reparación integral a las familias de los fallecidos, a la Comunidad y a la Federación Chachi, por parte del Estado.
Es crucial que las organizaciones nacionales e internacionales intensifiquen sus esfuerzos de seguimiento en estos casos, los cuales lamentablemente están quedando en la impunidad.
Fuente: Alianza por los Derechos Humanos Ecuador / Denuncia pública 28 de febrero de 2024
Enlace del pronunciamiento: https://alianzaddhh.org/?p=241622
Redacción: Kenny Yamberla
