Las niñas tienen derecho a ser niñas, no madres: Una condena histórica para Ecuador y Nicaragua
El 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una serie de decisiones sin precedentes contra los Estados de Ecuador y Nicaragua, condenándolos por violar los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual. Las víctimas, Norma, Lucía y Susana, fueron obligadas a continuar con embarazos producto de violaciones sexuales, lo cual contraviene su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Estas decisiones representan un hito histórico en la lucha por los derechos reproductivos, pues obligan a los gobiernos a garantizar el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo, especialmente en casos de embarazos forzados.
El Comité también pidió a los Estados Parte que adoptaran medidas para reparar los daños causados por estos embarazos forzados y las resultantes maternidades forzadas. También, por el impacto en los planes de vida de Norma, Susana y Lucía, así como para garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica de los niños y niñas nacidos de violencia sexual.
El Comité explicó que estos países incumplieron con el artículo 6 del Pacto Internacional, respecto al derecho a la vida. Dicho artículo no puede entenderse adecuadamente si se interpreta de manera restrictiva, ya que este también se refiere al derecho de poder disfrutar una vida digna.
Asimismo, el Comité concluyó que ambos países también violaron el artículo 7, el cual prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; refiriéndose tanto al dolor físico como al moral.
El Movimiento Son Niñas, No Madres, una coalición de organizaciones que lucha contra la violencia sexual y las maternidades forzadas, fue clave en este avance. Desde 2019, este movimiento ha trabajado para visibilizar las consecuencias devastadoras de las maternidades forzadas en niñas de América Latina, buscando una respuesta contundente por parte de las autoridades internacionales. Con estas decisiones, el Comité de Derechos Humanos exige a los Estados de Ecuador y Nicaragua que reformen su legislación para permitir el aborto legal y seguro en casos de violación sexual y otros riesgos para la salud y la vida de las niñas y mujeres.
Estas resoluciones también destacan la obligación de los gobiernos de eliminar barreras que impidan el acceso de niñas y mujeres a los servicios de salud reproductiva. El Comité reconoció que la maternidad forzada interrumpe gravemente los proyectos de vida de las menores y les impide desarrollar sus objetivos educativos, familiares y profesionales. Además, destacó que negar el acceso al aborto refuerza estereotipos de género y constituye una forma de discriminación basada en la edad y el sexo.
El caso de Norma, Lucía y Susana ilustra la violencia estructural que sufren las niñas en América Latina. La región tiene la segunda tasa más alta de partos en niñas menores de 15 años a nivel mundial. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cinco de cada 100 niñas en la región fueron madres en 2021, y el 20% de esos embarazos fueron producto de violencia sexual. En muchos de estos casos, las niñas sufren violaciones repetidas, siendo especialmente alarmante que el 80% de las víctimas de violación sexual en América Latina y el Caribe son niñas de entre 10 y 14 años. En Ecuador, según los reportes del 2024 cada día siete niñas de 10 a 14 años se embarazan.
Este panorama es aún más grave si consideramos que la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes en la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Frente a esta crisis, las decisiones del Comité de Derechos Humanos no solo representan un avance en la lucha por la justicia para las tres niñas, sino también una oportunidad para proteger a miles de menores en todo el mundo.
Como resultado de estas condenas, los gobiernos de Ecuador y Nicaragua están obligados a modificar sus leyes para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación sexual, riesgos para la salud y otros factores críticos. Además, se deben implementar medidas para prevenir la violencia sexual, sensibilizar a la sociedad y capacitar a los profesionales de salud y justicia para ofrecer atención integral y efectiva a las víctimas.
También se destacan medidas de reparación para las tres sobrevivientes, que incluyen indemnización, apoyo psicológico y oportunidades para retomar sus estudios, permitiéndoles continuar con sus proyectos de vida que fueron truncados por los embarazos forzados.
Este fallo no solo beneficia a las tres niñas afectadas, sino que abre la puerta a la justicia para todas las menores que sufren violencia sexual y maternidades forzadas en América Latina y el mundo. Las decisiones del Comité marcan un antes y un después en la protección de los derechos de las niñas, reafirmando que ninguna niña debe ser obligada a ser madre.
