La desaparición forzada de los cuatro menores de Malvinas, suscitado en Guayaquil, ha visibilizado más casos de desapariciones en el país de jóvenes y adolescentes en manos de las Fuerzas Armadas.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC), organización que durante 12 años pide justicia, reparación y verdad sobre los casos de desaparecidos y hallados sin vida, denunció más casos de jóvenes en circunstancias similares a las de Steven, Saul, Ismael y Josué en edades de entre 11 a 21 años de edad.
9 son los casos que se reportan como desparecidos hasta la fecha:
- Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años
- Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años
- Nehemías Saúl Arboleda Portacarrero, de 15 años
- Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años
- Kleiner Pisco, de 15 años
- Carlos Pisco, de 17 años
- Miguel Morán, de 21 años
- Dave Robin Loor Roca, 20 años
- Juan Daniel Santillán, se desconoce su edad
Según ASFEDEC, el 26 de agosto de 2024 Dave y Juan fueron interceptados mientras iban a comprar a una tienda. Militares los obligaron a subir a una camioneta en Ventanas, Los Ríos, según denuncia la madre de uno de los desaparecidos. Ellos fueron llevados a un sector lejano conocido como la Carlos Carrillo. Lo último que se sabe es que fueron torturados por los militares, eso lo dio a conocer una fuente que logró escapar de los golpes y tortura propiciados por los uniformados.
Kleiner, Carlos y Miguel se encontraban en la hacienda Bananera “La Fortaleza” en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. Cuando militares allanaron el lugar, llevándolos detenidas a 6 personas incluyendo a los tres menores.
Estos solo son algunos de los casos públicos de abuso militar que incluyen desapariciones y un casillero judicial, no obstante, hay varios casos que se mantienen en el anonimato. Existen torturados, detenidos injustificadamente, heridos y muertos. Se habla de ejecuciones extrajudiciales.
Tras la declaratoria de Conflicto Armado Interno en enero de este año por el gobierno de Daniel Noboa, las operaciones extrajudiciales abundan. Realizan redadas, batidas, operativos y proceden de forma arbitraria, llevándose a niños que salìan de un partido de fútbol o menores que iban a la tienda. Posterior a la detención arbitraria, mediáticamente, se pretende acusar a los menores de delincuentes. Y, lo que es peor manteniendo un perfilamiento racial evidente, hacia algunos de ellos.
En mayo de este año Noboa tuvo un llamado de atención por Human Rights Watch por serias vulneraciones a los derechos Humanos. Segùn cccc Carlos Javier Vega fue asesinado por militares en febrero de este año. Él tenía 19 años y murió tras recibir 4 impactos de bala en medio del estado de Excepción en Guayaquil. Fue confundido con un delincuente “Terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”, titulaba el post que difundió el ejército en Facebook.
En la carta presentada por Human Rights Watch se cita el caso de Carlos como evidencia de la vulneración de los derechos humanos además de detenciones arbitrarias suscitadas en el régimen de Noboa.
Tras los dolorosos hechos, se evidencia que la declaratoria de conflicto Armado sirve de impulso y escudo para perpetrar operaciones en donde el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza es la herramienta de control. Y no solo eso, sino que es la excusa para que, a costa de justificar aparentes operaciones de seguridad, se acuse, maltrate, torture y desaparezca a personas inocentes. Pese a que existió una llamado de atención de los organismos internacionales, pese a que hay evidencias suficientes que cuestionan y condenan el accionar militar y de la institucionalidad, no existen medidas efectivas para esclarecer la verdad y garantizar los derechos humanos, tanto de los niños, adolescentes y de las personas que han sido víctimas de este tipo de abusos.
Es evidente que el estado de excepción y los operativos militares desarrollados en este contexto han significado la vulneración de los derechos humanos. El resultado de militarizar las calles, reprimir a inocentes, crear más cárceles es mayor inseguridad. Mientras no haya un plan que ataque las causas estructurales de la inseguridad, el derecho fundamental a la vida seguirá en riesgo.
No son solo cuatro desaparecidos. El riesgo de vivir en un país que no garantiza el derecho fundamental a la vida está latente. Exigimos verdad, justicia y reparación. Exigimos garantías para nuestros niños.
