La ministra del Interior, Mónica Palencia, presentó una ampliación al recurso de apelación en el proceso de habeas corpus interpuesto por las familias de los cuatro menores desaparecidos, asesinados y calcinados del caso Las Malvinas.
La jueza constitucional Tanya Loor determinó el 24 de diciembre en audiencia la responsabilidad del estado por desaparición forzada y aceptó el recurso de Habeas Corpus presentado por la familia de los niños Ismael, Saúl, Josué y Steven, en conjunto con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Declaró que las Fuerzas Armadas cometieron desaparición forzada contra los menores. Tras siete horas de audiencia, dispuso medidas de reparación integral: continuar la investigación para localizar a los niños, atención psicológica para ellos y sus familias, la creación de una comisión independiente de investigación, y capacitación a las FFAA sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia.
En este contexto y luego de las declaraciones del ministro de gobierno en las que afirma que no ha existido participación directa o indirecta del Estado, Palencia impugnó y denunció el uso indebido del habeas corpus, señalando que la jueza actuó respondiendo a ciertos intereses.
Además, la ministra expresó su “total rechazo e indignación” ante el asesinato de los menores y la actitud de ocultamiento, destacando que los cuerpos fueron colocados de tal manera que dificultaban su reconocimiento. Reiteró, asimismo, el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.
Por otro lado, en su escrito, Palencia se reserva el derecho de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que la conducta judicial haya causado, ya que considera “terrible el daño a la imagen y al trabajo del Ministerio del Interior”, así como “decepcionante” este tipo de comportamientos desde la Administración de Justicia.
En cuanto a la apelación, la ministra solicita que se declare nulo lo actuado, señalando la improcedencia del procedimiento, la falta de competencia, la yuxtaposición de acciones constitucionales y penales, la persecución indebida al Estado ecuatoriano en tiempo y forma, y el adelanto de las bases de imputación penal, entre otros aspectos.
Fernando Bastias, abogado del Comité de los Derechos Humanos de Guayaquil, cuestionó esta mañana la apelación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. “Esta sentencia es valiosa en el marco de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las familias”, dijo Bastias.
El defensor consideró que, con esta acción, todas las palabras de solidaridad de las entidades “se van al tacho de basura”. “El espíritu de cuerpo que hacen en favor de los 16 militares, sumado a las campañas de desinformación y ataque que orquestan contra las familias de las víctimas, son muestras claras que lo que ustedes quieren es impunidad en esta desaparición forzada y ejecución extrajudicial”, indicó a Diario El Universo.
Bastias dijo que nadie está por encima de la ley y que ninguno de los miembros que haya participado en graves violaciones a los DD. HH. (directas e indirectas) debe quedar libre de sanción.
