Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos INREDH, organismo de protección de Derechos Humanos. han expresado su rechazo categórico al Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. Enfatizaron que esta norma no responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que pone las bases para un sistema opaco, autoritario y profundamente lesivo a los derechos humanos.
El Proyecto de Ley fue analizado el martes 3 de junio de 2025 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según el oficialismo, su objetivo es normar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar y neutralizar amenazas que afecten la seguridad del Estado. Sin embargo, las organizaciones firmantes consideran que la propuesta, lejos de contribuir a una respuesta integral y democrática frente a la inseguridad, institucionaliza la impunidad y concentra el poder en el Ejecutivo, debilitando los mecanismos de control ciudadano y judicial.
Denuncian que el proyecto permitiría el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial, en abierta violación al derecho a la privacidad y al debido proceso. Además, otorga impunidad a los agentes de inteligencia, al eximirlos de responsabilidades legales por abusos cometidos en sus funciones.
También critican que se obligue a instituciones, empresas y personas a entregar información sin garantías ni confidencialidad, y que se legalicen gastos reservados sin fiscalización, replicando prácticas del pasado vinculadas al espionaje y la corrupción. La falta de supervisión independiente y el control presidencial directo sobre el sistema podrían derivar en su uso político contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las organizaciones exigen el archivo inmediato del proyecto, un debate público con participación ciudadana, y una política de inteligencia basada en la transparencia, el respeto a los derechos fundamentales y la rendición de cuentas.
