Por Mauro Andino
El proyecto de ley enviado por Daniel Noboa tiene poco o nada de “económico urgente”. Se ampara en el “conflicto armado interno” para instaurar un régimen dictatorial que vulnerará nuestros derechos y garantías constitucionales. Es una reforma penal abusiva que incumple el principio de unidad de materia previsto en el artículo 136 de la Constitución.
Se propone la creación de jueces especializados para juzgar los delitos de los procesados durante el conflicto armado interno. Sin inmutarse por lo sucedido con los 4 niños de las Malvinas, plantean el indulto anticipado para policías y militares procesados penalmente, a pesar de que la causa se encuentre en investigación, instrucción o juicio. Dice que en el reglamento se fijará el trámite y procedimiento para acceder al indulto.
La participación directa o indirecta en un grupo armado organizado recibe una pena de 22 a 26 años de cárcel. Aquellos que ocupen un rol de dirección, financiación, organización o planificación recibirán una condena de 26 a 30 años. Puro populismo penal.
Además, se permiten allanamientos sin orden judicial. Los nuevos jueces especializados deberán verificar la legalidad de la actuación, luego de que los policías o los militares entreguen un informe en el término de 24 horas después de haberse perpetrado el allanamiento.
El Bloque de Seguridad -la ley no define su funcionamiento ni composición- puede disponer la detención con fines investigativos de cualquier sospechoso por un plazo de 24 horas. Se plantea la prisión preventiva como regla general y se prohíben medidas sustitutivas o la suspensión de ésta. Sin embargo, cuando se refiere a policías y militares, el proyecto hace una excepción: no puede dictarse prisión preventiva en su contra, ni arresto domiciliario, ni el uso de dispositivos electrónicos.
El Bloque de Seguridad podrá dictar medidas económicas y financieras para desarticular las economías criminales, requerir información obligatoria a las instituciones públicas y privadas, aspecto que de irrespetarse configuraría el delito penal de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. También aprueban informes de inteligencia para la expulsión de extranjeros.
Así mismo, se propone un procedimiento especial (express y sumario) para el juzgamiento de delitos durante el conflicto armado interno. Todas las etapas del proceso se concentrarán en una sola audiencia ante jueces especializados recién creados. La audiencia se realiza en 15 días, contados desde la fecha en que se aprehendió al infractor. El anuncio de las pruebas se realiza hasta 3 días antes de la audiencia. No es posible diferir la audiencia.
Respecto de los bienes que pueden ser considerados objetivo militar, la ley señala que pueden ser repelidos a través del uso legítimo de la fuerza, entre otros, los vehículos con vidrios polarizados y sin placas. Sin duda, excesivo y peligroso para los ciudadanos.
En lo económico, el proyecto permite que los contribuyentes hagan donaciones a través de equipamiento y suministros nuevos a la Policía y a las Fuerzas Armadas, con lo cual acceden a una rebaja del pago del impuesto a la renta, equivalente al valor de las donaciones. El límite de la reducción es de hasta el 30% del impuesto causado. Un privilegio y ventaja para las élites disfrazado de filantropía.
Recién al final, se mencionan incentivos económicos a pequeños y medianos productores del sector agropecuario y actores de la economía popular y solidaria. Sin embargo, no se especifican qué tipo de políticas públicas, planes, programas o proyectos serán los que se implementarían. Recordemos que para lograrlo no se necesita de una ley. Muestra de ello, es que durante la campaña Noboa regaló y ofreció más de 520 millones de dólares en bonos.
Finalmente, el Consejo de la judicatura tendrá un plazo de 90 días para crear los jueces especializados en conflicto armado interno. Igual plazo se señala para la creación de fiscales especializados. Recordemos que hasta el momento ni siquiera se ha cumplido con la creación de los jueces constitucionales como resultado del mandato popular de la consulta de abril del año pasado.
