A pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones de 2025, las investigaciones sobre los cuerpos encontrados en Taura, provincia de Guayas, siguen avanzando, pero con dificultades. Los cadáveres estaban incinerados e irreconocibles, lo que complicó enormemente el proceso de identificación. Según Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los cuerpos se encontraban en un estado de descomposición avanzado, lo que hizo imposible realizar un reconocimiento visual o tomar huellas dactilares para compararlas con las de los desaparecidos.
En este contexto, las familias acudieron a la morgue de Guayaquil el miércoles, pero tuvieron que regresar con más preguntas que respuestas. A pesar de los esfuerzos de los médicos forenses, no fue posible avanzar en la identificación de los cuerpos de manera inmediata. Actualmente, se está llevando a cabo una segunda etapa del procedimiento, que incluye un reconocimiento antropológico, cuyos resultados serán entregados a las familias el próximo lunes. Sin embargo, si no se logra identificar los restos en esta fase, el siguiente paso sería esperar los resultados de las pruebas de ADN, un proceso que se encuentra en marcha, cuyos resultados deberían entregarse a las familias en el transcurso de esta semana.
En medio de este complicado escenario, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado la noche del sábado 28 de diciembre, desmintiendo rumores sobre la confirmación de la identidad de los cuerpos. La FGE aclaró que las investigaciones continúan y que no se ha realizado ninguna confirmación oficial. Varios medios de comunicación como Diario Expreso, Radio Sonorama cita a Diario Extra, Visión 360 refiere la fuente de Diario Extra, circulan información sobre el hallazgo de los cuerpos en Taura y aparentes resultados de pruebas antropológicas que no hacen más que profundizar el dolor y confundir a la ciudadanía, pues no existe una fuente directa ni un pronunciamiento oficial al respecto. De ahí que la FGE, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a manejar la información con responsabilidad, reiterando que los resultados definitivos serán entregados directamente a las familias cuando exista certeza.
La Fiscalía también solicitó a la población que se mantenga informada a través de los canales oficiales y evite difundir información no verificada, con el fin de garantizar que los procesos de identificación se realicen de manera adecuada.
Abogamos por que las investigaciones se desarrollen en es estricto cumplimiento de la ley, sin que haya influencia política, sin manipulación, sin encubrimiento y sin que exista especulación por parte de medios masivos, pues es un tema sensible que tiene consternado a todo el país.
La implicación de las Fuerzas Armadas en el caso es evidente, pues respondiendo a las preguntas que plantéa la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas:
- existe un arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad;
- esa conducta es obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado;
- la conducta viene seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida;
- el resultado objetivo de esa conducta es que la persona desaparecida se ve sustraída de la protección de la ley.
Por lo tanto, de acuerdo a la convención, hay un delito y debe ser tratado como tal.
La audiencia de formulación de cargos contra 16 militares implicados se realizará el día de mañana Martes 31 de Diciembre a las 10h00. Ésta, por disposición de la Fiscalía será restringida para el público en general considerando que hay menores de edad “implicados” dice la Fiscalía.
Hacemos un llamado a todo el Pueblo a estar vigilantes de lo que se disponga en esta audiencia, sea acorde a lo que establecen los instrumentos internacionales de protección y no al capricho de un mandatario que no hace más que vulnerar derechos y procedimientos constitucionales a costa del sufrimiento de todo un Pueblo.
