Once de los doce detenidos en el marco del paro nacional de 2025 recuperaron su libertad el pasado 24 de octubre. Sin embargo, Luis J., oriundo de la comunidad kichwa de Agato, en Otavalo, aún permanece recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra.
Según el abogado Luis Yépez, los nueve juristas que participaron en la defensa de los liberados ahora abogan por la libertad del joven, quien tiene bajo su cuidado a su madre, una persona con discapacidad visual y con dificultades de movilidad, actualmente hospitalizada.
Luis no pudo recuperar su libertad debido a que el recurso de hábeas corpus fue presentado de manera extemporánea por el anterior abogado quien defendía el caso y no porque haya sido declarado culpable de la quema del Comando Policial ocurrida el 22 de septiembre, precisó Yépez.
Se prevé que la audiencia para la revocatoria de la prisión preventiva se realice el 19 de noviembre; sin embargo, se gestiona que la fecha pueda adelantarse.
La Fiscalía no encontró elementos probatorios que vinculen a los procesados con el delito de terrorismo. Por tal motivo, se prevé que se reformule el tipo penal por el cual cinco personas más fueron vinculadas, según el oficio remitido al juez del caso durante la fase de investigación.
El 22 de septiembre, día en que inició el paro nacional, los procesados fueron detenidos en Otavalo. Según un comunicado del Gobierno, todos tenían antecedentes penales e incluso se los vinculó al Tren de Aragua por la nacionalidad venezolana de uno de los detenidos. Esto evidenció la estigmatización por parte del Gobierno hacia los ciudadanos extranjeros residentes en el país.
Días después se confirmó que ninguno de los detenidos poseía antecedentes penales y que diez de ellos pertenecen a comunidades rurales de Otavalo, mientras que los dos restantes residían temporalmente en la ciudad por motivos laborales. Ninguno portaba armas, explosivos artesanales, bombas molotov ni escudos metálicos, como intentó justificar el Gobierno. Los abogados defensores cuestionaron además el procedimiento judicial aplicado en el caso.
