Existe un proceso para iniciar cualquier actividad extractiva en los territorios que es la consulta previa, libre e informada. En el 2023 se pretendió vulnerar este derecho a través de imponer una reforma al reglamento del Código del Ambiente a través del Decreto 754. Varias organizaciones sociales se opusieron al mismo por su carácter de inconstitucionalidad. Sin embargo, las empresas mineras arremetieron contra los territorios amparadas en el mismo.
Palo Quemado, las Pampas y otras parroquias del cantón Sigchos se han expresado en contra de la actividad minera en los territorios. Defensores y defensoras de derechos de la naturaleza y de los territorios han persistido en guardianar los mismos para que las empresas, irrumpiendo violentamente o de forma irregular en ellas, no ingresen.
Varios han sido los mecanismos adoptados por las empresas para hostigar y amedrentar a la población. El 18 de marzo ingresan autoridades del Mae, personal de la minera resguardados por la fuerza pública a realizar la consulta ambiental. Sin embargo, las comunidades se oponen, no a la consulta, más si al hostigamiento que está de por medio, pues la presencia de la fuerza pública genera temor en la ciudadanía y hace que el proceso esté mediatizado con esta coacción militar. El obispo de Latacunga Geovanny Paz se pronuncia también ante estos hechos y hace un llamado de atención al Gobierno sobre el cómo está procediendo en los territorios respecto a la consulta ambiental. Primero expone que ésta no debería realizarse en solamente las tres parroquias, sino abarcar todo el territorio donde están las concesiones y en todo el territorio que va a ser afectado. Segundo cuestiona el que este proceso se realice con una ocupación militar y policial de por medio, lo cual deslegitima el proceso.
“El estado de derecho debe prevalecer en nuestros países. Si se impone farsas como una consulta ambiental bajo ocupación militar y policial, eso debilita al país….Invita a mantener la calma y estar con los ojos abiertos ante esta consulta ambiental que debe ser consultada a todos, a toda la población que abarca la concesión minera.” (Geovanny Paz, Obispo)
El 19 de marzo, policía y fuerzas armadas vuelven a ingresar al territorio de las Pampas y Palo Quemado y hay enfrentamiento con la población civil que exige su retirada. Cómo se puede dar en un contexto de esta naturaleza, con imposición de la fuerza y la violencia una consulta previa, libre e informada? Cómo un estado puede respaldar a la minera canadiense Atico Mining poniendo a la fuerza pública al servicio de intereses particulares de la transnacional?
Recurro nuevamente a las palabras del Obispo quien muy sabiamente hace un llamado a la fuerza pública, a los militares y policías, a DESOBEDECER las ORDENES SUPERIORES que impliquen AGREDIR AL PUEBLO.
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, la CONAIE, la UOPIC-P (Unión de organizaciones indígenas y campesinas de Poaló, La UNOCANC (Unión de organizaciones campesinas del norte de Cotopaxi, el movimiento indígena de Cotopaxi, , el Frente Nacional Antiminero y diversos colectivos rechazan el mega proyecto minero, se suman a la resistencia por la defensa de los territorios, rechazan el ATAQUE por parte del gobierno nacional a través de la FUERZA PÚBLICA, exigen la suspensión de todo proceso administrativo para la explotación minera en el cantón Sigchos, se suman además a las movilizaciones convocadas por el movimiento indígena de Cotopaxi el 20 y 27 de marzo. Hacen responsable al ESTADO de toda vulneración de derechos en el territorio en el que ya existen 70 defensores perseguidos y más de 20 heridos por el enfrentamiento propiciado por la fuerza pública los días 20 y 21 de marzo.
La minería no implica desarrollo afirma Geovanny Paz y dice:
“…es catastrófico imponer una minería con las fuerzas armadas de por medio (….) hay violación de derechos, del derecho a la resistencia, del derecho a ser consultado, del derecho al buen vivir. Y se pregunta: Acaso el Sumak Kawsay se debe pensar para los mineros? La minería no representa económicamente nada para la población, ésta enquista corrupción, destruye la riqueza biológica, no solo empobrece, sino que aumenta la violencia y la inseguridad….
La criminalización de campesinos, la violencia impuesta en el territorios, el pasar por alto lo que establece la Constitución, el violentar en acuerdo de Escazú(1), preocupa, el desconocer la voz del pueblo entristece, el querer explotar y precautelar los intereses mineros a costa de la vida, nos pone en alerta.
El Ecuador firmó el Acuerdo de Escazú que por sobre todas las cosas busca proteger a los defensores y defensoras de los territorios. Tanto en Sigchos como en Bolívar hay más de 100 defensores criminalizados. Se está violentando la Constitución y poniendo por sobre la vida, los intereses de la minera.
El amedrentamiento, la represión, la criminalización, la violencia no pueden imponer la actividad minera en los territorios, no pueden condicionar las decisiones del Pueblo Ecuatoriano, no pueden generar terror en los territorios, no pueden atentar contra la vida y la dignidad del Pueblo Ecuatoriano.
Amplificamos las palabras del Obispo que apela a la misma FUERZA PUBLICA y le dice: Desobedezcan las órdenes de la autoridad que lleven a agredir al Pueblo!!!!!. No quisiéramos que suceda lo que sucedió en El Salvador con Monseñor Romero después de que hizo este mismo pedido a la fuerza pública.
Es responsabilidad del Estado GARANTIZAR LA VIDA y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS.
La actividad minera trae consigo la destrucción, la contaminación, la enfermedad, la corrupción e indudablemente la violencia y la muerte. De ahí la necesidad urgente de repensarnos como un país libre de minería. De ahí la necesidad de mantenernos alerta y denunciar todo atropello. De ahí que los organismos de derechos humanos estén activos y vigilantes.
Conoce que es el Acuerdo de Escazú en:
https://www.unicef.org/lac/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-acuerdo-de-escazu
