Este 8 de enero se cumplen 38 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, ocurrida el 8 de enero de 1988, en el norte de Quito, durante un operativo policial realizado en el gobierno de León Febres Cordero.
Hoy, al menos 43 familias en Ecuador viven un dolor similar al de la familia Restrepo. En estos casos, las desapariciones se produjeron durante operativos policiales y militares desarrollados en el país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la extralimitación del uso de la fuerza durante este tipo de operativos. Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, entre enero y noviembre de 2025 Ecuador registró 237 casos relacionados con extralimitación de la fuerza, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
La gran mayoría de estos procesos corresponde al delito de extralimitación en la ejecución de actos de servicio (227 casos), cuando policías y militares exceden sus funciones mediante el uso desmedido o inapropiado de la fuerza, lo que deriva en lesiones, muertes o la comisión de otros delitos. Además, la Fiscalía reportó siete casos de desaparición forzada solo en 2024.
Amnistía Internacional alertó que, desde que el gobierno de Daniel Noboa asumió el poder en 2023 e implementó una política de militarización en el país, se han denunciado 43 casos de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por uniformados.
Al igual que en el caso de los hermanos Restrepo, no existen respuestas ni un seguimiento efectivo en muchos de estos procesos. El organismo internacional sostiene que, hasta ahora, el principal obstáculo para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia es la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales en curso.
Existen pocos casos, quizá el único, en los que las Fuerzas Armadas han cooperado de manera eficaz para esclarecer la cronología de una desaparición forzada. Uno de ellos es el de los cuatro menores de edad desaparecidos el 8 de diciembre de 2024 en Guayaquil, conocido como el caso Las Malvinas.
La sentencia de 34 años y 8 meses de prisión para 11 de los 17 militares implicados en la desaparición forzada de los cuatro niños llenó de esperanza a las familias que claman justicia frente a crímenes en los que están involucradas las fuerzas del orden. Los otros cinco militares, que se acogieron a la cooperación eficaz o a la delación premiada, recibieron una condena de 30 meses de prisión.
De acuerdo con el tribunal, su colaboración fue determinante para el esclarecimiento de los hechos y para la reconstrucción de lo ocurrido tras la retención de los menores. El fallo fue histórico y marcó un precedente en la justicia ecuatoriana.
A nivel nacional, el panorama de desaparecidos es desolador. De acuerdo con cifras de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), solo en 2025 se registraron 6.743 denuncias de personas desaparecidas. De ese total, 5.478 fueron localizadas, 375 fueron encontradas sin vida y 890 continúan sin ser halladas.
