Decretos que empobrecen y tropas que combaten

La canasta básica familiar que comprende 75 productos y servicios, está valorada según el INEC entre 753,5 y 832 dólares. Si consideramos el salario básico unificado que en este año fue tan solo de 470 dólares, basta con hacer una simple resta para saber que hay un déficit salarial claro que hace que el ecuatoriano promedio no pueda vivir dignamente. Ese déficit bordea los 400 dólares.
En un contexto así, donde además existe una tasa de desempleo considerable (4,2%), y un colapso de inseguridad creciente, la decisión de quitar el subsidio al diesel es una bofetada más al pueblo. O quizás más que una bofetada, un empujón al gran abismo de la supervivencia.
Cuando falta el trabajo, falta la comida y, cuando sube el diesel en un 55,56%, sube la tarifa de transporte y si el costo de producción de bienes y servicios tiene un rubro que es el transporte, entonces por lógica simple, TODO SUBE. Así la brecha histórica se profundiza, la gente se auto convoca a un paro nacional y la represión intencional con uso ilegítimo de la fuerza pública se vuelca contra el pueblo. Los derechos se vulneran a diestra y siniestra. Hay un crimen que se le atribuye al estado, cientos de heridos y desapariciones temporales.
El Estado, en vez de combatir las economías criminales, despliega sus tropas para atacar al pueblo. Más de 100 convoyes, tropas especializadas contrainsurgentes, brigadas de selva llegan a Imbabura y una nube gris se extiende por la provincia. El terror ocupa los territorios y el estado permanece ignorante e indolente, carente de principios y pasando por alto la Constitución,los derechos humanos, los tratados internacionales. Inicia una represión sin nombre y el estado no da un paso atrás. No revierte sus políticas económicas, sino que intensifica la violencia y califica al pueblo de terrorista, iniciando una campaña de desprestigio de las comunidades kichwas que a más de haber perdido a Efrain Fuerez, tienen cientos de heridos y 12 personas aprehendidas de forma arbitraria.
Las masacres en las cárceles se acrecentan y las tensiones crecen entre comunidades indígenas y sectores asalariados, entre los que más tienen y los que tienen menos.
Mientras tanto Noboa reparte bonos y da caridad, vocifera en contra de las organizaciones sociales. Leyes de dudosa procedencia se debaten en la asamblea nacional, se pretende reformar la constitución y retroceder en materia de derechos.
El estudio del Observatorio del trabajo de la Universidad Central afirma que, para compensar el alza del diesel, las familias requerirían generar 103 dólares adicionales, lo cual es una clara muestra del fuerte impacto que en la economía familiar tiene el mismo. En cuanto a precios, los costos de producción de algunos productos de primera necesidad podría subir un 12%. Este retiro del subsidio si empobrece. Eso es incuestionable. Por ende quien está vulnerando los derechos económicos sociales y culturales, los derechos humanos, los derechos colectivos y el derecho fundamental a la vida es el propio ESTADO.

Colaboración de: A.Y.

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