“La próxima visita que iban a hacer será en mi domicilio por haber hecho la denuncia”, dice un dirigente del recinto San Martín, en Lago Agrio, al referirse a las amenazas recibidas tras denunciar la quema de viviendas durante un ataque militar.
Apak TV conversó con uno de los dirigentes del recinto, quien denunció la quema injustificada de cinco casas el pasado 4 de marzo por parte de militares ecuatorianos. Según el pronunciamiento del Gobierno, el operativo habría estado dirigido a campamentos de narcotraficantes. Sin embargo, esta versión fue desmentida por miembros de la comunidad, quienes aseguran que, además de la quema de viviendas, tres integrantes de la comunidad —campesinos de la zona— fueron retenidos.
Desestimando los testimonios de los afectados, el Gobierno guardó silencio hasta el 25 de marzo, cuando respondió a la investigación del medio estadounidense The New York Times, rechazando las aseveraciones “que distorsionen los hechos”.
“El ataque militar parece haber destruido una finca ganadera y de producción de leche, no un sitio del narcotráfico, según entrevistas con el propietario, trabajadores, abogados de derechos humanos y residentes de San Martín”, señala la investigación.
Asimismo, se recoge el testimonio de trabajadores que, bajo anonimato por temor a represalias, afirmaron que los soldados los asfixiaron y sometieron a descargas eléctricas antes de liberarlos.
La investigación se refiere a la operación militar ecuatoriana realizada en coordinación con Estados Unidos el pasado 3 de marzo.
Apak TV volvió a contactar al dirigente, quien aseguró que, tras la difusión mediática del caso, ha recibido amenazas de personas ajenas a la comunidad, advirtiendo que futuros ataques podrían dirigirse a su domicilio. Añadió que la población se mantiene preocupada, ya que continúan los sobrevuelos en la zona y temen nuevos bombardeos.
Hasta el cierre de esta edición, indicó que no ha recibido respuesta del Ministerio de Defensa que explique los motivos del operativo, pese a que medios internacionales han evidenciado la magnitud del ataque, sin que exista reparación para las familias afectadas.
Por otro lado, señaló que la Defensoría del Pueblo se ha desvinculado del caso, debido a la falta de respuesta a los pedidos de apoyo para esclarecer los hechos. Finalmente, indicó que organismos de derechos humanos están brindando asesoría a los afectados ante lo que califican como una intromisión militar.
