Actualmente, las comisiones legislativas se encuentran en un conflicto de competencias respecto al tratamiento de casos de vulneraciones de derechos humanos, suscitados en el contexto del Paro Nacional 2025, específicamente en la provincia de Imbabura.
En el marco del Paro Nacional, ha surgido una controversia en la Asamblea Nacional, lo cual ha puesto de manifiesto las tensiones institucionales entre la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos e Interculturalidad (CGCDCI) y la Comisión de Seguridad Integral (CSI). La CGCDCI sesionó el 30 de septiembre de 2025, luego de recibir varias denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos. En dicha sesión, se resolvió por unanimidad iniciar un proceso formal de fiscalización sobre estas presuntas vulneraciones.
Acorde al comunicado de la Asamblea Nacional, el alcance de este proceso de fiscalización incluiría las denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo, y también abordaría el caso del comunero kichwa, Efraín Fuerez, cuyo asesin4to fue registrado en Imbabura el 28 de septiembre de 2025.
Los testimonios de los líderes kichwas y representantes sociales expusieron en sus relatos y denuncias el uso excesivo de la fuerza, la militarización, la criminalización, los ataques con armas letales, la difamación, la implantación del terror y el terror psicológico que esto ha causado en todas las comunidades kichwas de los cantones de Cotacachi y Otavalo, ubicadas en las zonas donde se reportaron los hechos de violencia estatal.
Además, se exigió la liberación inmediata de aquellos que fueron detenidos arbitrariamente durante el paro y se condenó la ejecución de Efraín Fuerez, presuntamente a manos del Estado. La comisión del CGCDCI se comprometió a elaborar un informe detallado con los testimonios y datos recabados en esta reunión, el cual será presentado ante la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. No obstante, la Comisión de Seguridad Integral, desde una perspectiva opuesta, busca desestimar estas resoluciones, argumentando que dicha instancia es la apropiada para investigar los incidentes violentos derivados de las manifestaciones. Un fundamento para esta postura es que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado y actos de orden público que competen a su jurisdicción.
La CGCDCI, por su parte, observa que la presunta violencia perpetrada corresponde a diversas violaciones de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, vulneraciones de garantías individuales, afectación a las víctimas y procesamientos arbitrarios, entre otros. Estos hechos deben ser investigados conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, basándose en los testimonios directos de manifestantes, familiares, líderes o personas que presenciaron o vivieron los eventos.
Según lo declarado en el diario El Universo, María Verónica Íñiguez enfatizó que la investigación no se centra en actos de seguridad del Estado, sino en posibles vulneraciones de derechos, un ámbito distinto al que compete a la Comisión de Seguridad.
Los testimonios presentados ante la Comisión de Derechos Constitucionales fueron fundamentales para que la ciudadanía ecuatoriana comprendiera a cabalidad la magnitud de la situación que atraviesa el país. En dicha audiencia, los representantes de las comunidades denunciaron la comisión de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, amedrentamiento, intimidación y terror psicológico.
Todo se resume en una disputa que pretende invisibilizar lo que está sucediendo en el país. Ante esta disputa, intervino el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que, luego de una “consulta”, solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales abstenerse de continuar con el proceso de fiscalización. Adicionalmente, declaró competente para ello a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Esta decisión constituye indudablemente un revés en materia de derechos, pues la perspectiva para analizar estas vulneraciones será desde la securitización y desde el sesgo. Esto se debe a que las políticas implementadas por el gobierno carecen de constitucionalidad en el marco del Paro Nacional, y las vulneraciones de derechos humanos, muy probablemente, no serán tratadas, sino opacadas por “alteraciones al orden público”.
La Comisión de Garantías Constitucionales, cuya intención era convocar a expertos en Derechos Humanos y recabar testimonios de víctimas y líderes indígenas para elaborar un informe destinado a la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, se ha visto impedida de hacerlo debido a la intervención del CAL, lo cual, por su naturaleza, favorece al Estado.
El entramado político para desviar esta comisión ha cumplido su objetivo. Por consiguiente, la única opción es recurrir a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, dada la prevalencia de la vulneración de derechos y la indefensión de toda una población ante esta situación.
La impunidad se gesta desde el poder.
Texto y fotografía: Colaboración de A.Y.
