El Índice Global de Tortura se trata de una herramienta que evalúa el riesgo de tortura y malos tratos en todo el mundo, creada por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). El 25 de junio de 2026 se presentó su segunda edición, en la que Ecuador fue incluido por primera vez, junto a otros 38 países. Dentro de la región, también se suman por primera vez Nicaragua y Venezuela, mientras que México, Honduras, Colombia y Argentina figuran por segundo año consecutivo.
Según el informe, Ecuador ingresó en la categoría de alto riesgo debido a un deterioro de los derechos humanos documentado desde el estado de emergencia de 2024. Entre los principales hallazgos se destacan la militarización sin un control civil suficiente, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incomunicadas, además de limitaciones para acceder a la justicia. A esto se suman denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
Durante la evaluación se toman en cuenta siete dimensiones enfocadas en el compromiso del Estado para prevenir la tortura, la prevención de abusos policiales e institucionales, la protección de las personas detenidas, el combate a la impunidad, la garantía de los derechos de las víctimas, la protección para todas las personas y respeto a defensores de derechos y al espacio cívico. En estas dimensiones, Ecuador alcanzó niveles de riesgo muy alto, alto riesgo y riesgo considerable.
El conocido Plan Fénix fue cuestionado por un posible uso arbitrario de las medidas adoptadas bajo la excusa de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El informe señala que entre enero y mayo de 2024 ya existía un registro de 35.000 detenciones.
En cuanto al uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares, el informe destaca las protestas y el Paro Nacional de 2025, en las que se registraron 391 violaciones verificadas, desde detenciones arbitrarias hasta heridos por proyectiles y gas lacrimógeno, además de dos muertes.
El documento también señala que la criminalización de la protesta se vio agravado por la violencia contra periodistas y redadas efectuadas sin una orden judicial, lo que podría significar un riesgo de violaciones sistemáticas y un debilitamiento de la supervisión y la rendición de cuentas.
A esto se suman las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en contexto de reclutamiento forzoso y exclusión. Además, se indica una intensificación de la discriminación racial y la criminalización de jóvenes indígenas y afrodescendientes, enfatizando el caso Malvinas, que, según el informe no solo refleja un racismo estructural sino también la impunidad.
El informe destaca un alto grado de impunidad, de acuerdo con el Comité contra la Tortura. La respuesta judicial ante denuncias de graves violaciones de derechos humanos es sumamente limitada. Entre enero de 2024 y abril de 2026 se registraron 1.110 denuncias, pero solo existe una condena por tortura. En casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y uso desmedido de la fuerza o detenciones ilegales no se reportan condenas. Más del 80% de los casos siguen en fase de investigación preliminar y otros han sido archivados o no presentan avances. A ello se suma la negativa por parte del Ministerio de Defensa a entregar información sobre operaciones militares. Según el informe, esta situación expone un patrón de impunidad estructural.
Asimismo, se señala una deficiencia en las compensaciones a las víctimas, además de una continua revictimización y criminalización, “lo que refleja un patrón persistente de estigmatización, falta de reconocimiento y ausencia de garantías efectivas de verdad, justicia y reparación”.
En este contexto de estigmatización y criminalización también se menciona la situación que enfrentan algunos defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como casos de acoso a periodistas, cierres de medios de comunicación y congelación de cuentas bancarias.
Sobre la crisis carcelaria, el documento sostiene que esta no responde únicamente al hacinamiento extremo, sino también a la situación sanitaria, marcada por la falta de atención médica, la desnutrición y el abandono. Estas condiciones habrían derivado en 1.000 casos de tuberculosis y la muerte de 346 personas privadas de libertad en Guayaquil.
Asimismo, menciona la violencia interna y destaca que las masacres en la cárcel de Esmeraldas terminaron con 17 fallecimos, mientras que la explosión en la cárcel de Machala causó 13 muertes. A esto se suma el aislamiento, restricciones de visitas y la falta de garantías, factores que aumentan el riesgo de tortura.
Entre las recomendaciones del informe constan garantizar una investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de tortura y malos tratos; asegurar que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad pública únicamente de manera excepcional, temporal, subordinada y complementaria, con mecanismos de control, supervisión y de rendición de cuentas; limitar el uso de los estados de emergencia; implementar protocolos para la protección, búsqueda y tratamiento de niñas, niños y adolescentes en contextos de seguridad; y derogar la Ley de Transparencia Social que, según el documento, “imponen controles desproporcionados y obstaculizan el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”.
