El lunes 15 de junio, una semana después de que Monika Silva fuera hallada sin vida dentro de su vivienda en Montañita, provincia de Santa Elena, la Cancillería informó que se solicitó cooperación técnica a Argentina y Polonia para garantizar un proceso riguroso, objetivo y transparente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la muerte de la activista.
Según el boletín oficial, estas gestiones fueron realizadas a pedido del Ministerio del Interior con el objetivo de incorporar veedores y médicos forenses independientes e imparciales. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aceptó la participación de dos peritos forenses como veedores, conforme a los términos establecidos por el Gobierno ecuatoriano. En el caso de Polonia, aún se espera respuesta, por lo que los canales de coordinación permanecen abiertos.
Llegada de la familia y avances del proceso forense
El 12 de junio llegó a Ecuador la madre de Monika Silva para efectuar los trámites correspondientes. Fue recibida por delegados de la Embajada de Polonia en Ecuador y representantes de organizaciones de derechos. Hasta su llegada, los documentos de la autopsia y la entrega del cuerpo no podían formalizarse debido a la ausencia de un familiar directo que pudiera firmar de manera legal.
Según Drino Nieto, representante del colectivo Despierta Santa Elena y asesor jurídico de la corporación de derechos humanos Mochica Sumpa para el Diario Extra, “se está a la espera de que el Gobierno de Polonia designe a los peritos internacionales para la nueva necropsia”. Por lo que aún se desconoce la fecha del traslado del cuerpo de Monika Silva a Guayaquil. De acuerdo con el medio, la investigación se desarrolla de forma reservada y se ha pedido a los veedores de colectivos ciudadanos y de derechos humanos evitar dar declaraciones públicas hasta confirmar lo que realmente ocurrió.
Según el diario La Hora, “este nuevo peritaje también se da bajo una fuerte presión social e institucional para descartar irregularidades, debido a las fuertes inconsistencias que rodean el caso”.
Exigencias de Organizaciones nacionales e internacionales
Por su parte, la Delegación de la Unión Europea en Ecuador solicitó una investigación “rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas”, mediante un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter). Además, destacó la importancia de garantizar la seguridad de quienes ejercen actividad ciudadana en Ecuador, entre ellos activistas sociales, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional Anticorrupción también solicitó la participación de veedurías ciudadanas para asegurar la transparencia del proceso. A ello se suman organizaciones y activistas que han pedido la presencia de observadores internacionales, según Diario Expreso.
Ministro expone hipótesis
El 9 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló durante una entrevista en Radio América que la investigación continuaba en proceso. No obstante, mencionó posibles indicios de suicidio, entre ellos la versión de la pareja de Silva, quien habría indicado que atravesaba un cuadro de depresión por el que recibía medicación, así como uno de sus últimos mensajes, que a criterio de los investigadores tendría características de despedida.
Posteriormente, Reimberg insistió en que será necesario conocer los resultados de la autopsia y pericias técnicas para conocer la causa de muerte.
Antecedentes y elementos que alimentan las dudas
Fundamedios ha catalogado este caso como “posible asesinato” y considera que las declaraciones como las del ministro Reimberg podrían resultar apresuradas “si se evalúa todo el contexto que rodea a esta extraña muerte violenta”. Según la organización, existen antecedentes y circunstancias que ameritan una investigación exhaustiva antes de establecer conclusiones sobre la causa de muerte
Monika Silva era activista social y defensora comunitaria, reconocida por su labor como presidenta de la Fundación La Integral y por sus investigaciones y denuncias relacionadas con problemas ambientales, corrupción, venta de tierras y presuntas irregularidades administrativas de autoridades locales de la provincia de Santa Elena. Algunas de estas denuncias involucraron desde alcaldes y prefectos hasta fiscales y autoridades nacionales.
A ello se suman las denuncias públicas realizadas por Silva sobre difamación, calumnias, ataques y múltiples amenazas de muerte. También constan las amenazas recibidas por el comunicador Fernando Muñoz, de Radio Salinas, el 15 de enero de 2026 para impedir la entrevista con la activista sobre la venta de tierras y presuntas irregularidades en Santa Elena. Mensajes con advertencias y una amenaza directa en su residencia provocaron la cancelación de la entrevista por razones de seguridad. La denuncia en Fiscalía no pudo concretarse y, posteriormente, Muñoz manifestó a Fundamedios su preocupación por la seguridad de Silva.
Con la muerte de Silva, suman 3 personas fallecidas vinculadas a la difusión de información sobre la polémica gestión de terrenos en distintas zonas de la provincia. El 20 de noviembre de 2025 fue asesinado el periodista Robinson del Pezo, quien compartía investigaciones sobre el tráfico de tierras con Silva. Mientras que el 20 de enero de 2026 fue asesinado Víctor Tomalá Rosales, abogado litigante y creador de contenido, cuyo uno de sus últimos videos abordaba la venta de tierras y las presuntas irregularidades en los procesos de adjudicación. Ambos murieron por impactos de bala.
De acuerdo con La Fuente – Periodismo de Investigación, Monika Silva alertó que temía por su vida a la Unión Europea en Quito, tras recibir mensajes de amenazas sobre sicarios, los mismos que habrían matado a Robinson del Pezo, siguiendo sus pasos. Por lo que empezó a tramitar su salida del país, aunque el viaje tuvo que retrasarse dado que el padre de sus hijas se habría opuesto.
Denuncias que marcaron la labor de Monika Silva
Entre los casos denunciados por Silva relacionados con la venta de tierras en Santa Elena destaca la compra de 93 hectáreas en La Libertad, un hecho que, según Plan V, sería apenas la punta del iceberg de una “sigilosa apropiación de tierras comunales o públicas” en esta provincia.
El medio describe un patrón señalado por activistas locales: se identifican predios comunitarios ubicados en zonas estratégicas; posteriormente, una autoridad argumenta la falta de recursos para ejecutar obras del GAD y propone su venta. Sin embargo, en lugar de realizar una subasta pública, los terrenos serían vendidos de forma directa y por valores muy por debajo de los establecidos en los catastros. En el caso de las 93 hectáreas en La Libertad, el metro cuadrado iba a venderse a 2,90$ dólares.
Silva también señaló al exalcalde de Santa Elena y actual asambleísta provincial por la alianza PSC-Únete 100, Otto Vera, por presunto tráfico de tierras en el cantón. A través de redes sociales denunció la venta de 322 hectáreas en Playa Mambra por 4 centavos el metro cuadrado en 2014, cuando Vera ocupaba la alcaldía. Asimismo, cuestionó la venta de 474,5 hectáreas de la comunidad San Vicente a medio centavo el metro cuadrado.
Posteriormente, en 2022, el Municipio de Santa Elena, nuevamente bajo la administración de Vera, vendió 755 hectáreas a la empresa Bellitec, vinculada a la familia del expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, por 83 centavos el metro cuadrado. Esto pese a que 520 de esas hectáreas habían sido entregadas por Inmobilar para la construcción de vivienda social.
Diario Expreso también señala la participación de Mónika Silva en el denominado caso Sunshine, para el cual entregó información a la embajada de Estados Unidos sobre supuesto tráfico de tierras y lavado de activos. De acuerdo con el medio, el caso involucraría a empleados de la empresa Noboa Trading, vinculada a la familia del mandatario Daniel Noboa.
Muchas de sus otras denuncias también estuvieron relacionadas a la falta o deterioro de obras públicas en Montañita. El 3 de junio, pocos días antes de su muerte, informó que los trabajos en Olón habían sido suspendidos luego de denunciar la presencia de maquinaria pesada operando en sus playas. Sin embargo, aseguró que las actividades continuaban pese al fallo judicial.
